La situación del conjunto residencial Alminar Samoa en el sector de la Ambalá y los problemas para el suministro de agua apta para el consumo humano, pusieron sobre la mesa las pocas garantías que tendrían algunos proyectos de vivienda para brindar el líquido vital de forma segura.

En la audiencia pública realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en julio, precisamente para discutir los problemas en el suministro en este complejo de 960 apartamentos, la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima advirtió que la situación se repite en varios proyectos de la capital del Tolima, donde las personas terminan invirtiendo los ahorros de su vida en propuestas que no garantizan en un 100% la disponibilidad de los servicios públicos básicos.

El conjunto en mención se surte del recurso a través del acueducto comunitario El Triunfo, pues en donde se construyó la obra, no hay perímetro hidrosanitario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Ibal.

El gerente de construcciones JF, Jorge Fajardo, ha reiterado que el proyecto cumple con lo exigido con la ley, “para construir en el perímetro urbano del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) uno debe tener disponibilidad de servicios públicos, el municipio validó todos los acueductos veredales, la Administración municipal es la responsable de garantizar los servicios públicos, entonces todo esto hace que sea legal. Son construcciones legales que tienen el servicio del agua”, reseñó en su momento el constructor en diálogo con EL NUEVO DÍA.

Lo complejo es que en su mayoría los acueductos comunitarios no cumplen con las condiciones en calidad de agua prevista por el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua potable (Irca).

La situación según lo que refiere el ente de control indica que hay más proyectos que se surten de acueductos comunitarios, situación que no es prenda de garantía en la prestación de un servicio eficiente y que generaría dudas frente a la expedición de licencias de construcción bajo estas condiciones.

La Gerencia Departamental Colegiada del Tolima refirió proyectos de vivienda como: la urbanización El Triunfo, Villa María Camila en el barrio San Antonio, el proyecto Carandú y Alminar Samoa, todas con licencia de la curaduría urbana Dos; asimismo, el proyecto Vizta, y el proyecto de los multifamiliares Altos de Miramar.

“Son muchos más los proyectos por toda la ciudad que tienen la misma problemática, estaríamos frente a una avalancha de tutelas, cuya consecuencia será que son viviendas que no tienen condición de dignidad para sus habitantes”, dijo en su momento el representante de la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la CGR.

La ‘avalancha de tutelas’ de la que hace mención el funcionario de la CGR, podría tener razón; primero, por lo problemas que advierte ya existen en otros proyectos de vivienda que no tienen garantizado el servicio de agua potable y segundo, por el resultado que tuvo la acción de tutela interpuesta por un residente de Alminar Samoa, la sentencia T-476 del 2019 de la Corte Constitucional que le ordena al Municipio y al acueducto comunitario provisionar de agua potable no solo al accionante de la demanda, sino a toda la comunidad que tiene la misma afectación.

La Corte sustentó parte su decisión por el “desconocimiento del derecho fundamental del agua, el referido municipio y el mencionado acueducto comunitario también amenazan y/o lesionan los derechos fundamentales a la salud y a la vivienda digna del accionante y su familia, toda vez que el primero de esos derechos es presupuesto para la efectividad de esas dos últimas prerrogativas”.

Por la posible omisión al suministro de agua potable, en julio, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué emitió un incidente de desacato y sancionó con una multa de 10 salarios mínimos, conmutables en arresto de hasta cinco días, a los exgerentes del Ibal Juan Carlos Nuñez y Sandra Liliana García; asimismo, al exdirector de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso y a la actual directora de la CAR, Olga Lucía Alfonso.

En agosto, fue el Juzgado Sexto Civil municipal de Ibagué quien ordenó seis días de arresto domiciliario y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes contra el alcalde local Andrés Hurtado, también por el desacato de nuevo a la posibilidad de agua potable.

¿Mayor responsabilidad?

La exalcaldesa de Ibagué, Carmén Inés Cruz en una de sus columnas de opinión en EL NUEVO DÍA también ha puesto de presente la situación y cuestionó el trabajo de las autoridades para garantizar la planificación de la ciudad y las acciones para mitigar afectaciones como la que hoy viven cerca de mil familias.

Cruz resaltó el impulso que ha tomado el sector construcción en la capital del Tolima, particularmente con proyectos de vivienda de interés social y prioritario, pero también expuso las carencias que existirían en el manejo y disponibilidad de servicios públicos, como el agua para el consumo humano, así como la ausencia de vías, zonas verdes y espacios para el peatón que hagan digna la convivencia en la ciudad.

“De continuar así, tan acelerada construcción solo puede traer hacinamiento y caos y, por supuesto, un crecimiento desbordado de la ciudad porque, cuanta mayor sea la oferta de vivienda del tipo mencionado, más gente llegará de diversos rincones del Tolima y del país, con la expectativa de que además de vivienda, la ciudad les ofrezca otros servicios y oportunidades”, sostuvo Cruz en su columna denominada ‘Construcción de vivienda vs disponibilidad de servicios’.

Además, acotó la responsabilidad que existe para que “las autoridades ambientales, las responsables de la planificación de la ciudad, los curadores, los encargados del suministro de servicios vitales y quienes los vigilan, cumplan su tarea con extremo rigor”.

En el mismo sentido, Guillermo Hinestrosa, también columnista de esta casa editorial y analista expuso que las licencias de urbanismo y construcción de la ciudad venían siendo aprobadas por los Curadores Urbanos sin verificar la verdadera disponibilidad de servicios públicos, situación que se ha derivado de las fallas que adolece el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que expandió el perímetro urbano, pero no la cobertura de servicios como el del sistema de acueducto y alcantarillado.

Cabe recordar que en el 2017, la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) demandó el decreto 823 que reglamenta el POT por presuntas irregularidades y vacíos, entre ellos problemas socioambientales, precisamente por la falta de coincidencia entre el perímetro de la ciudad y el perímetro hidrosanitario, caso que aún está en el Tribunal Administrativo y no ha sido fallado en segunda instancia.

Hinestrosa acotó la necesidad de que exista una acción conjunta de las autoridades y que el llamado también acoja a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Notariado y Registro para que se verifique las acciones en los acueductos comunitarios, se haga cumplir la normativa, así como la aprobación que están dando las curadurías a las certificaciones allegadas por los constructores.

“La responsabilidad es compartida de muchas entidades; los constructores que no deben ofrecer y desarrollar proyectos donde no hay servicio de acueducto, de los curadores que lo permiten y expiden las licencias, del Municipio que en este caso hizo la tarea un poco tarde, pero lo hizo, aunque Camacol demandó la norma y la tumbó, eso está en apelación ante el Tribunal.

“Ahora el Tribunal tiene hace varios años la segunda instancia del POT, demandado por Cortolima entre otras cosas por expandir el perímetro urbano donde no hay servicio de acueducto y el Tribunal está cruzado de brazos, que tengan congestión uno lo puede entender, pero son 600 mil habitantes que están padeciendo un problema de salubridad con un agua que no es tratada”, señaló Hinestrosa.

Las acciones del Municipio

Hinestrosa también resaltó algunas de las acciones que se han tenido en cuenta en el Municipio para mitigar la ausencia de agua potable, una de ellas fue la expedición del decreto 194 del 3 de abril del 2018, el mismo expuso que sólo en los casos en los que el nivel del riesgo según el Irca reflejara que no existía riesgo alguno, se podría hablar de la disponibilidad del servicio público domiciliario de acueducto y se podía hacer la solicitud de  licencias de construcción en las curadurías urbanas.

Sin embargo, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Tolima demandó el decreto al considerar que existen vicios de ilegalidad.

Tras tal situación, Hinestrosa volvió a hacer un llamado a Camacol para que tenga responsabilidad social, “invito al gremio a que tenga responsabilidad social, yo no puedo privilegiar la rentabilidad de mis afiliados sobre la salud pública de mis clientes”.

En la actual administración, la secretaria de Planeación Dora Montaña explicó que desde la cartera se analiza la factibilidad de servicios públicos en los planes parciales; sin embargo, son las curadurías urbanas las que se encargan de otorgar las licencias de construcción en donde se verifique la disponibilidad del servicio.

Asimismo, acotó que este año, en medio de un control al exponencial crecimiento en materia de construcción de la ciudad, se expidió el decreto 1000- 0015 de 2021 que fija pautas a los predios para que mantengan su uso del suelo, los índices de ocupación, construcción y características volumétricas y de altura con las construcciones del sector para garantizar una configuración urbanística homogénea.

“El decreto que expedimos este año es para garantizar y evitar que donde es vivienda bifamiliar o trifamiliar, una casa que es de 2 pisos pase a un edificio de 17 pisos, este decreto evita ese tipo de cosas”, acotó Montaña.

La secretaria indicó que pese a los inconvenientes en algunos proyectos de la ciudad, el gremio de la construcción en su mayoría es serio y reactiva la economía de la ciudad, por lo que hizo un llamado, para que los interesados a la hora de adquirir vivienda verifican la información de las constructoras.

DATO

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Tolima se indicó a esta redacción que en los próximos días se desarrollará una Junta Directiva en donde se analizará el tema de las construcciones y la disponibilidad de los servicios públicos básicos para exponer ante los medios de comunicación su posición al respecto.

DATO

Desde el 2019 una sentencia de la Corte Constitucional le exige al Municipio y al acueducto comunitario El Triunfo garantizar el suministro de agua continua y potable a todas las personas del proyecto Alminar Samoa. La Alcaldía dispuso de un contrato para mejorar la planta de tratamiento de este acueducto.