La Sección Tercera estableció que lo ocurrido en Frías fue un acto de lesa humanidad, pues fue un ataque sistemático, premeditado cuyo propósito era exterminar a varios campesinos señalados por grupos paramilitares como auxiliadores de la guerrilla, que no solo afectó a las víctimas, sino a toda la sociedad civil. 

Según el proceso, en la noche del 15 de septiembre de 2001, cerca de 20 personas armadas, miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, llegaron al corregimiento de Frías, ubicado en el Municipio de Falán, y abrieron fuego contra personas que se encontraban en dos establecimientos de comercio ubicados en la plaza principal, registrándose la muerte de once campesinos. 

Igualmente, se comprobó la fuerte y habitual presencia de miembros de las Farc y el Eln en el corregimiento de Frías, por lo que existía una estigmatización en la zona como de dominio de grupos armados insurgentes. Por otra parte, se demostró que la fuerza pública, Policía o Ejército Nacional, no hacía presencia permanente en el lugar. 

De hecho, algunos testimonios señalaron que años atrás se había desmontado un puesto de Policía en dicho corregimiento y que solo de vez en cuando era que se les veía en la zona. 

“Finalmente, en el proceso se encuentran acreditadas las relaciones de cooperación y coordinación existentes entre los miembros del Frente Paramilitar Omar Isaza y diversas entidades públicas encargadas de la seguridad y protección, investigación de delitos e, inclusive, del gobierno municipal. Así, en el Acta de inspección judicial del CTI al Batallón Patriotas se consignó, en el acápite de “red de apoyo” del Frente Omar Isaza que los alcaldes de los Municipios de Lérida y La Dorada “colaboran”, mientras que otras personas declararon la existencia de vínculos del grupo paramilitar con miembros de la Policía Nacional en Fresno y Palocabildo, con el comandante del DAS en Mariquita y algunos miembros del Ejército Nacional”, señala el fallo. 

La Sala destacó testimonios de pobladores y de desmovilizados de las Farc que hablaban de la connivencia de miembros de diversas instituciones del Estado con el Frente Paramilitar Omar Isaza. 

Particularmente, destacó el Consejo de Estado, que dichos vínculos fueron con las entidades encargadas de la conservación del orden público, la seguridad y la represión y la investigación de los delitos, y que tal alianza permitió el desarrollo y consolidación de los paramilitares, pues uno de los testimonios afirmó que quien se desempeñaba como jefe del DAS en el Municipio de Mariquita se encontraba en la “nómina de pagos” del Frente Omar Isaza ya que prestaba colaboración con dicho grupo informando operativos del Ejército o la Fiscalía. 

El Consejo de Estado además calificó como de extrema gravedad que en este caso hubo una connivencia delictual entre las autoridades encargadas de prestar los servicios de seguridad con los miembros del grupo que perpetró los homicidios masivos. 

“Para la época en que tuvo lugar el múltiple homicidio en Frías existía un nefasto escenario de macrocriminalidad ante el cual las autoridades públicas ejecutaron actos positivos de acompañamiento y protección, es decir, en pro de la criminalidad imperante en la región, desconociendo flagrantemente los postulados convencionales y constitucionales que informan, justifican y dan sentido a una organización estatal que se precia de ser Social y Democrático de Derecho”, afirma la sentencia. 

En el fallo el Consejo de Estado ordenó una serie de medidas restaurativas como que el Ministro de la Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, de la Policía y el Comandante del Batallón No. 16 “Patriotas”, en persona realicen un acto público de reconocimiento a las víctimas y petición de disculpas. 

Así mismo, se ordenó remitir copia de la sentencia a la Fiscalía General para que se determine si el caso merece priorización en la investigación de quienes participaron en la comisión de violaciones de Derechos Humanos.