día en el que fue detenido por orden de un fiscal del grupo especializado de lucha contra la corrupción que lo investigaba por ser el presunto responsable de la apropiación indebida de recursos por un valor cercano a los 400 mil millones de pesos entre los años 2000 y 2004.

Esos recursos debían destinarse a la prestación de los servicios de salud de los afiliados a Saludcoop; sin embargo, Palacino, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía, desvío ese monto para inversiones en el país, en el extranjero y en la adquisición de onerosos bienes.

El 5 de julio siguiente a la fecha del arresto, el ente acusador profirió el recurso de acusación por el mencionado cargo, documento entregado, de acuerdo con las cuentas de la Fiscalía, sin que hubieran transcurrido 120 días desde la fecha de la detención.

Tras resolver algunos asuntos del proceso, el 23 de agosto de 2018 se hizo el reparto de expedientes y el voluminoso caso Saludcoop le correspondió al juzgado 49 del circuito. El 25 de octubre siguiente se realizó la audiencia preparatoria que se centró en una nulidad pedida por la defensa.

Como la decisión de la nulidad no era lo que esperaban, los abogados que defienden los intereses de Palacino interpusieron el recurso de apelación y pidieron suspender esa diligencia para sustentar sus argumentos.

Esa pausa se extendió hasta el 14 de noviembre del año pasado, día en el que se hizo la segunda sesión de la audiencia preparatoria.

Cabe recordar que este expediente no se hace bajo el actual sistema penal acusatorio, sino sobre el antiguo sistema penal, la famosa ley 600, por la fecha en la que se cometieron los hechos investigados por la Fiscalía.

Así las cosas, las audiencias de juzgamiento se iniciaron en enero de este año y finalizaron en mayo luego de que la Fiscalía presentara todo el material probatorio en su integridad. En una de esas diligencias, la defensa objetó un dictamen pericial contable presentado por el delegado de la Fiscalía.

En el expediente reposa que antes de que se cumpliera un año de la detención, la Fiscalía radicó un oficio ante el juzgado en el que le exponía las razones por las cuales debía prorrogarse la medida de aseguramiento en contra de Palacino Antia, quien permanece en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

El pasado 20 de marzo, el juez acogió la petición del ente acusador y decidió mantener esa medida. Como era de esperarse, sus abogados interpelaron a decisión y ese fue el recurso que resolvieron los magistrados Mario Cortés Mahecha, Efraín Adolfo Bermúdez y Javier Armando Fletscher Plazas de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Bermúdez fue el togado que salvó su voto señalando que aún permanecía vigente el riego de no comparecencia por parte de Palacino. Sus colegas de Sala, no obstante, son los que imponen que el procesado firme una caución de compromiso para con la justicia.

Palacino, quien tampoco podrá salir del país, ahora tiene la posibilidad de enfrentar la parte final de su proceso en libertad.

Polémica y rechazo

 En los casos de Ricaurte y Palacino, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura anunció sendas investigaciones para determinar presuntas responsabilidades no solo en jueces, sino también en abogados y fiscales. El anuncio fue hecho por Pedro Sanabria, magistrado presidente de ese órgano.

También del tema habló el procurador Fernando Carrillo que enfatizó que analizarán y estudiarán si hay lugar a investigaciones disciplinarias en este aspecto.

Para la Comisión Colombiana de Juristas, el problema no son los términos, sino el aparato judicial.

Gustavo Gallón, además, expone la hipótesis de que la falencia va de parte y parte. “No hay suficiente diligencia por parte de los funcionarios a cargo de las investigaciones, unido con una actitud dilatoria por parte de los abogados defensores que hacen que los términos se desplacen”.

Algunos congresistas plantean la necesidad de hacer una verdadera reforma que impida que estas personas puedan salir de la cárcel por negligencia de la justicia.