En el acuerdo final de paz firmado entre el Gobierno y las Farc se planteó en el primer punto, la creación de una Reforma Rural Integral (RRI), como una oportunidad para superar esas barreras.

No obstante, a puertas de cumplir cinco años desde la implementación del documento final, son muchos los retrasos en esta materia, los que advierten expertos en este momento al Gobierno Nacional.

Esta semana, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría emitieron informes en relación a los avances en la implementación del acuerdo y ambas entidades evidencian los grandes retos que tiene el país para cumplir con lo prometido en La Habana.

Los entes de control coinciden en enfatizar en que se ha avanzado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), ya que se han emitido siete de las 16 hojas de ruta únicas para la implementación de los mencionados programas.

En su informe, la Procuraduría destaca la inversión hasta la fecha de 1,4 billones de pesos para cumplir a quienes se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), la implementación de proyectos productivos sostenibles en el marco de la reparación a las víctimas y la creación de programas alternativos.

Además, la implementación de los planes regionales de desarrollo rural integral, que en la construcción, avizoran resultados regionales de enorme trascendencia para el país.

Así mismo, de acuerdo con la información analizada del Presupuesto General de la Nación (PGN), entre los años 2020 y 2021, se observa un incremento del 12 %, pasando de 3,6 billones a 4,0 billones de pesos en la inversión.

No obstante, también se evidenció que hay 7.000 iniciativas Pdet con ruta de implementación activada, que no cuentan con criterios para definir su cumplimiento. Así mismo, que no se cuenta con un sistema de información público para conocer los avances y los montos invertidos en cada iniciativa.

“La Procuraduría reconoce como elemento positivo la existencia de informes de seguimiento al Pdet e informes sobre las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios. Sin embargo, aún no hay un sistema de información que dé cuenta de los avances en su implementación de manera integral y que brinde información sobre el estado actual de las iniciativas de los PATR. En los documentos de la Hoja de Ruta y en información remitida por la Agencia de Renovación del Territorio”, señala la entidad en su informe.

Así mismo, en los estudios se encontró que un 29 % de 7 millones de hectáreas, contempladas en el acuerdo de paz, han sido formalizadas, pero solo el 0,3 % de 3 millones de hectáreas que se prevé adjudicar a campesinos han sido entregadas.

Fondo de tierras

En el Acuerdo de Paz se acordó la consolidación de un Fondo de Tierras que dispondrá de tres millones de hectáreas de tierra, formalización de siete millones de hectáreas de tierra, creación de un subsidio integral de acceso a la tierra y líneas especiales de crédito para facilitar su compra, pero esta cifra muestra que no se ha avanzado en este punto.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo concluyó que la Hoja de Ruta Única avanza con un modelo técnicamente robusto en hacer una priorización estratégica de las iniciativas en términos de la proyección de escenarios meta y la identificación de potencialidades del territorio; no obstante, asegura que persiste la dificultad de ajustar la oferta a las necesidades identificadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional.

En adición a la falta de acceso a la tierra, las entidades plantean que para la producción agrícola y agropecuaria, existe otra dificultad relacionada con la elevada informalidad en los títulos de propiedad rural. “La inseguridad en los derechos de propiedad y la falta de información sobre la tenencia de las tierras, explican en parte el bajo uso productivo de la tierra en Colombia”, se lee en los informes.

Acceso a tierras

La Procuraduría también destaca que el mecanismo de acceso a tierras supone que estas deberán estar disponibles, libres de ocupación o posesión, saneadas jurídicamente y bajo la administración y titularidad de la Agencia Nacional de Tierras para ser objeto de procesos de adjudicación a familias campesinas sin tierras y comunidades étnicas. Sin embargo, han ingresado predios que presentan restricciones, ocupaciones previas e irregulares, bienes que son objeto de procesos de formalización o regularización de ocupaciones previas, y otros que hacen parte de procesos de formalización a Entidades de Derecho Público.

“Si bien el alcance de los resultados en materia de acceso a tierras través de la entrega de los bienes que ingresan a este Fondo es nacional, existe una baja distribución geográfica del inventario de los bienes ingresados a la fecha, puesto que el 71 % del área ingresada, medida en Ha, se concentra en solo 15 municipios del país”, destaca la Procuraduría.

En sus recomendaciones, las entidades le piden a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, reportar de manera diferenciada la gestión de adjudicación y formalización de tierras, pues a marzo 31 de 2021, el dato agregado corresponde a 2.074.250,6 ha. “Se requiere precisión sobre los conceptos técnico-jurídicos y las fuentes que permitirán medir el avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación”.

Otro de los hallazgos es que, a marzo 2021, el 71 % del total del área ingresada al Fondo estaba pendiente de determinar la existencia de ocupaciones.

Otra de las observaciones a la Agencia Nacional de Tierras, es “formular e implementar un plan para la recuperación de los baldíos indebidamente apropiados y ocupados, priorizando los predios de grandes acumulaciones indebidas, con análisis de costo-beneficio, dada la baja tasa de tierras disponibles para la redistribución del Fondo de Tierras”, se lee en el informe de la Procuraduría. 

Conclusiones

Expertos consultados por Colprensa coinciden en afirmar que el más grande acierto en relación a la implementación del primer punto, es el Pdet.

No obstante, advierten que en la entrega de tierras a los reclamantes, se están contabilizando predios y hectáreas dentro del fondo de tierras que venían desde el fondo nacional agrario, pero tierras nuevas entregadas a los campesinos son muy pocas.

Juanita Vélez, periodista e investigadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), asegura que los puntos planteados en el acuerdo van más allá de los Pdet.

“Los Pdet, son el punto en el que más ha avanzado el Gobierno Duque, pero este primer punto del acuerdo tiene otras grandes transformaciones que no han ocurrido. El tema de la formalización de tierras no está andando a la velocidad que debería, igual que el fondo de tierras para los campesinos, en el que también hay varios atrasos”, señala la investigadora.

Agrega que “incluso, hay denuncias de cómo la Agencia Nacional de Tierras ha inflado esas cifras sobre la entrega de esas tierras contabilizando tierras y predios que ya se han entregado. Otro problema es el punto de Catastro multipropósito, pues a pesar de que hay voluntad política para hacerlo, no ha entrado a las zonas más claves para determinar los límites de cada predio y hacer los barridos prediales para determinar cuánto cuesta la tierra”.

Vélez agrega que la violencia en los territorios podría estar influyendo en el retraso del Catastro “Hay puntos donde el Catastro no se ha podido hacer, que son claves, porque hoy están a manos de grupos armados, lo que dificulta el proceso”.

Adicionalmente, la investigadora asegura que hay tierras en manos de las disidencias de las Farc que están todavía sin recuperar, en algunos casos por falta de información, en otros porque hay temas de seguridad que no dejan que se vaya a hacer las revisiones pertinentes, lo que también ha retrasado la implementación.  

De otro lado, Julián Arévalo, Decano de la facultad de economía de la Universidad Externado de Colombia, destaca que “haber hecho un proyecto de planes de transformación de territorio fue correcto, es lo que estaba contemplado en el acuerdo, fueron unos procesos participativos sobre todo durante los primeros meses del Gobierno que convocaron a más de 200 mil personas en todo el territorio, eso es bastante positivo, en términos de que permite identificar las necesidades de esos territorios a partir de lo que la misma gente está diciendo en sus territorios, fueron ejercicios positivos a destacar, pero que a falta de implementación terminaron con una insatisfacción en los ciudadanos”.

Arévalo asegura que para mejorar el ritmo de la implementación, se tiene que mirar hacia un enfoque global, “un error es que se ha mirado hacia proyectos individuales y no hacia visiones transformadoras del territorio. Permanentemente el Gobierno realiza acciones enfocadas hacia los Pdet, pero no a una forma en que se traduzca en transformaciones integrales del territorio, con una visión transformadora y no como una visión de agregación de múltiples proyectos”.

El decano asegura que la implementación del acuerdo iba mucho más allá del Pdet, por cuanto contempla una reforma rural integral de todo el país, que hasta el momento no se está cumpliendo.

“Nos hemos enfocado en los 70 municipios priorizados en los Pdet pero no en el resto  de municipios del país, lo que plantea una falla estructural”, dijo Areválo.

Para concluir, el experto aseguró que el hecho de que solo el 0,3 de 3 mil hectáreas que se prevé adjudicar a campesinos hayan sido entregadas, “lo que está diciendo es que ese no ha sido un tema prioritario. El énfasis para el Gobierno en materia del punto uno, ha sido el Pdet y el fondo de tierras no hace parte de ese capítulo, lo que uno podría decir es que el Gobierno decidió leer selectivamente el punto uno, coger unos temas para trabajarlos con una visión, pero muchos de los otros temas quedaron por fuera”.