Sin embargo, Colprensa conoció que el ente investigador, a corte de enero de 2015, tiene asignados 2.476 casos por homicidios cometidos por agentes del Estado, de los cuales están abiertos 2.308 casos que corresponden a 4.475 víctimas, por lo que están vinculados 5.137 personas de la Fuerza Pública.

Así las cosas, a la fecha han sido condenados 923 uniformados, de ellos 862 pertenecen al Ejército y se clasifican en: Cuatro coroneles, tres tenientes coroneles, 10 mayores, 22 capitanes, 68 tenientes, 48 sargentos, 67 cabos, dos dragoneantes, 562 soldado y tres uniformados más de quienes aún no se ha establecido el rango.

De la Armada fueron condenados nueve con los siguientes rangos: tres tenientes, un sargento, un cabo, y cuatro Infantes de Marina; mientras que en la Policía Nacional son 11 los condenados: Dos agentes, cinco intendentes, dos tenientes y dos mayores.

Cabe recordar que esta semana tres generales retirados del Ejército, entre ellos Mario Montoya, fueron citados a interrogatorio por la Fiscalía General de la Nación por los falsos positivos.

También figuran el General (r) Ricardo Andrés Bernal Mendiola, señalado de participar en la masacre de 12 personas que hicieron pasar como guerrilleros en Norte de Santander; el General (r) Jorge Arturo Salgado Restrepo, investigado por la muerte de dos personas en Antioquia en 2006.

Por último al General Henry William Torres Escalante, a quien un juzgado de Paz de Ariporo (Casanare), solicitó investigarlo luego de condenar a 22 años de cárcel al Teniente Marco Fabián García, por el asesinato de un campesino en esa región del país.

Cifras por Regiones

El año pasado Colprensa reveló un informe donde se constata que los delitos más investigados en estos casos corresponden al homicidio en persona protegida y homicidio agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta el 2014 el total de investigados corresponde a 1.573 miembros del Ejército Nacional, de los cuales 501 son oficiales, entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes. Otros son suboficiales y soldados.

En relación con la Armada, las investigaciones de la Fiscalía afecta a un total de 89 uniformados, entre los que aparecen en los registros un coronel, un teniente de fragata, dos tenientes, varios suboficiales y soldados. Además, se registran 56 casos de la Policía Nacional.

Familiares de las víctimas aseguraron que sus muertes se produjeron uno o dos días después de ser reclutados para ir a trabajar a otras zonas del país.

Pero, ¿dónde se registraron todos estos hechos? Según el informe, Antioquia aparece como el departamento con más víctimas (793), seguido de Casanare (215), Meta (114), Huila (110), Norte de Santander (90), Santander (86). El 63 por ciento de los casos se presentó entre 2004 y 2008; mientras que 2007 fue el año más crítico, con 388 casos.

“En Antioquia se han presentado la mayoría de casos, primero por ser el departamento más grande del país, por lo que concentra un gran numero de bases militares y la mayoría de casos están asociados con resultados que tenían que presentar todas esas unidades”, dice un funcionario de la Fiscalía.

Agrega, además, que aunque muchos de los uniformados condenados por estas ejecuciones extrajudiciales no han aceptado cargos, los pocos que sí lo han hecho confirmaron que han cometido estos delitos por órdenes de los altos mandos.

“Al momento de aceptar los cargos reconocieron que las víctimas principales han sido personas señaladas por la comunidad de pertenecer a grupos delincuenciales y habitantes de la calle. Sin embargo, los delitos más investigados en estos casos corresponden al de homicidio en persona protegida y homicidio agravado, de acuerdo con las circunstancias en la que se demuestra que ocurrió el deceso de la víctima y que no corresponde al desarrollo de una legítima acción militar”, indicó a Colprensa un funcionario de la Fiscalía.

Y agregó: “Son vidas humanas las que se han perdido por el afán de presentar un resultado o ‘positivo’, como le llaman en el argot militar, y por eso estamos investigando y no vamos a descansar hasta que no tengan una respuesta cada uno de los familiares de las víctimas”, finalizó el funcionario judicial.