La fiscal seccional 22, Claudia Chalarca, tiene en sus manos cuatro de los hechos de corrupción más sonados de las recientes administraciones locales: el contrato de titulación de bienes fiscales, el convenio de alumbrado navideño, la compra con dineros públicos de una finca en Toche y, por último, el desfalco por los diseños y fallidas obras de los Juegos Nacionales, y en que se ha llegado a vincular al exalcalde Jorge Tulio Rodríguez Díaz, a través de intercambios de correo electrónicos sin que evidencien avances al respecto.

Chalarca pasó del anonimato a figurar en los medios, tras las capturas efectuadas de algunos exfuncionarios de menor rango y terceros, en la contratación de los diseños para las obras de los escenarios deportivos para los Juegos, pero también por los nexos de sus familiares con los hilos de poder político en el Tolima y de la que no sería ajena.

EL NUEVO DÍA ya había puesto en evidencia como uno de sus tíos, el arquitecto Óscar Chalarca Santa, estuvo vinculado como profesional universitario en 2003 a la Secretaría de Gobierno municipal en el periodo de gobierno de Rodríguez Díaz.

Óscar Chalarca estuvo bajo las directrices del entonces secretario de Gobierno, Carlos Edward Osorio Aguiar, de quien Jorge Tulio Rodríguez fue su mentor político y ha sido financiador de sus campañas a la Cámara.

De igual manera, en 2004 fue vinculado a la Secretaría de Planeación, pero fue sentenciado a cuatro años de pena por falsedad en documento y por irregularidades en la construcción de la urbanización San Sebastián.

De la misma forma, la Personería de Bogotá sancionó el pasado 17 de agosto a otro de los familiares de la Fiscal 22 Seccional, Mariano Chalarca Santa (tío), afín del representante Osorio Aguiar.

La Personería lo destituyó e inhabilitó por 10 años, al exigir a un ciudadano 28 millones de pesos para conseguir títulos universitarios a sus dos hijos.

Según el resultado de la investigación, el servidor público recibió un anticipo de un millón 600 mil pesos en la oficina de la Junta Administradora Local de Kennedy, en marzo de 2014. Dos entregas de dinero adicionales por cuatro millones se efectuaron, en el mismo lugar, en julio y septiembre de ese año.

Tras la averiguación se evidenció que Chalarca cometió una falta gravísima, a título de dolo, al tener plena conciencia de la conducta cometida y vulnerar el principio de moralidad como servidor público, al no tener un comportamiento honesto y pulcro.

Mariano Chalarca, en un acto público celebrado el pasado 13 de agosto en Bogotá, había expresado su respaldo al representante Osorio (ver foto).

Pero la misma Fiscal 22 Seccional evidenció, a través de su red social Facebook, tener amistad con el representante a la Cámara Carlos Edwar Osorio e incluso simpatizar con algunos ‘Me gusta’ en la página del parlamentario, pero que posterior a la publicación ‘Continúa el silencio en la investigación contra el exalcalde Jorge Tulio Rodríguez’ decidió cerrar.

No se le pega nada

La exjefe Jurídica del municipio Gladys Gutiérrez indicó, antes de su retiro de la actual administración, su preocupación por las investigaciones adelantadas sobre los Juegos Nacionales.

Gutiérrez expuso en mayo que como representante de víctimas por el Municipio no había sido comunicada de trámite por la Fiscal Seccional 22, con respecto a investigaciones contra el exalcalde Jorge Tulio Rodríguez Díaz.

Este último fue salpicado en la contratación de los estudios y diseños de los XX Juegos Nacionales, que tuvieron un costo de 11 mil 500 millones de pesos.

Wilmer Manchola Cano, quien pretendía obtener un principio de oportunidad con la Fiscalía, allegó a Chalarca una serie de correos que se cruzó con el abogado Orlando Arciniegas, condenado a 36 años de cárcel por estos hechos, y el exjefe de licitaciones de Typsa Jorge Navarrete, detenido, y en los que aparece el nombre del exalcalde Rodríguez Díaz.

En ellos, el exalcalde re-enviaba información de los prepliegos del proceso a Arciniegas Lagos. Según Manchola, estos eran enviados con tal de que junto con Navarrete fueran adaptados y modificados.

Rodríguez Díaz contactó al arquitecto Juan Carlos Rodríguez para que estructurara la parte técnica y financiera de los estudios y diseños de los escenarios.

La exjefe Jurídica del Municipio resaltó, en su momento, que ese tipo de “situaciones tan lamentables” son las que llevan a concluir a la ciudadanía que “en Ibagué no pasa nada”, porque ni el exalcalde Luis H. Rodríguez ni el exgerente de Typsa Luis Rodrigo Uribe han sido imputados, y tampoco se daba apertura a una investigación en contra de Jorge Tulio Rodríguez.

Ejidos

A la Fiscal Seccional 22 le fue remitida la denuncia por la firma del contrato para la titulación de bienes fiscales suscrito en 2013 con la unión temporal Proyectos Inmobiliarios, representada por Aída Rodríguez Díaz, hermana del también exalcalde Jorge Tulio Rodríguez.

El contrato fue suscrito por mil 522 millones de pesos, pero fue adicionado en 582 millones, para un valor final de dos mil 104 millones de pesos. Dicho contrato no tuvo interventoría y, por consiguiente, no hubo control durante la ejecución.

La exjefe Jurídica Gladys Gutiérrez, quien compulsó copias a la Fiscalía para investigar el proceso, dijo que fue direccionado, y en violación de los requisitos legales para ser adjudicado.

Un llamado de atención

El pasado 4 de agosto, la Red de Veedurías del Tolima (Revisar) en oficio radicado a la fiscal 22 Seccional, Claudia Chalarca, le solicita adelantar la inspección judicial de verificación de linderos de la finca El Cedral, comprada por el exalcalde Luis H. Rodríguez a su exjefe y exgerente del Banco Popular, José Héctor Marín, y que concierne a una investigación por aparente detrimento patrimonial.

La Fiscalía Seccional 22 está en mora desde hace un año ordenar la visita al predio ubicado en el corregimiento Toche, tras la solicitud hecha por la Oficina Jurídica que pidió investigar la compra de la finca cuyo costo ascendió a los mil 886 millones de pesos en 2013.

La Fiscalía Seccional ha pospuesto la visita al predio por factores climáticos, como conoció EL NUEVO DÍA en junio de este año.

La cuestionada compra de la finca presentaba un valor catastral que sumaba cerca de 40 millones de pesos, pero al revisar la escritura 703, del 2 de abril de 2013, se encontró que en los avalúos catastrales de ese año su precio estaba cerca de 67 millones de pesos.

Revisar argumenta que hubo un incremento injustificado en el precio final de compraventa, debido a que se aprecia que el valor de hectárea, según el avalúo catastral de 2013, era de 82 mil 424 pesos y el valor de compra por hectárea fue de dos millones 280 mil pesos, es decir, se pagaron 27.66 veces más que su valor catastral.

Así mismo, no hay certeza en el número de hectáreas compradas, pues se registra un área en conjunto de 879.6875 has, ya que frente al dato arrojado según escritura, el área es de 825.4250 hectáreas y la cabida superficiaria del inmueble, según plano levantado por el topógrafo Leonel Alberto Jiménez Barrera, es de 881 Has 3602 mt2. 

“Preocupa a este ente Veedor una posible prescripción de la acción penal, con la que se beneficiaría a los posibles corruptos responsables del detrimento del erario municipal, investigación que a la fecha no ha dado resultado alguno y que, por el contrario, se esfuman en el tiempo las responsabilidades de los autores y coautores del crimen más cuestionado contra la humanidad, como es la corrupción”, resalta la Veeduría.

Dato

Mariano Chalarca Santa es el edil más antiguo de Bogotá, desde la fundación de las JAL en 1991 y un año después fue electo para el cargo. Su inicio en la política fue de la mano del partido Conservador, con que obtuvo en la primera elección 886 votos. En 2015 registró cinco mil 559 con el apoyo del Partido de la U, que le ha dado el aval en las recientes dos elecciones.

Dato

En los mentideros políticos se habla de que la salida de Gladys Gutiérrez de la administración actual fue vinculada a su papel crítico por los avances en las investigaciones de los Juegos Nacionales a cargo de la Fiscalía 22 Seccional, ya que esta lleva a cabo la investigación por la firma del convenio de alumbrado navideño que suscribió el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo como ordenador del gasto.