A cambio de su presentación personal, Bustos, quien está fuera del país, ofrece “rendir una declaración por certificación jurada” y para ello solicita que se le envíen las preguntas vía correo electrónico o por intermedio de su abogado Eduardo Curtidor.

Bustos plantea esta posibilidad ya que, según dice, su salida de Colombia obedeció a que él y su familia se vieron sometidos “al escarnio público” luego de que, conforme expresa en la carta, una fiscal delegada lo acusó de haberle entregado al entonces fiscal encargado José Fernando Perdomo una lista con nombres de paramilitares que presuntamente acusaban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.

La fiscal a la que hace referencia es Hilda Niño, la exfuncionaria del búnker que en la actualidad negocia un preacuerdo con la Fiscalía en el proceso que se le sigue por haber favorecido en una investigación al máximo cabecilla del bloque paramilitar Vencedores de Arauca, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘el Mellizo’, a cambio de dinero y dádivas en especie.

El expresidente de la Corte Suprema también se fue lanza en ristre contra el senador Álvaro Uribe, aunque no lo nombró directamente en su extensa misiva, pero sí al partido que dirige, el Centro Democrático, al que acusó de estar detrás del juicio político que debe enfrentar luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes diera luz verde a ese proceso que ahora queda en manos del Senado.

Al respecto, Bustos dijo que en la Cámara sus “garantías procesales fueron menoscabadas, desconocidas las más de las veces y limitadas otras, convirtiéndose mi proceso en algo muy alejado del derecho (…) se utilizó como una oportunidad siempre buscada por el Centro Democrático para deslegitimar y enjuiciar a la justicia de Colombia”.

Añadió que todo el proceso en su contra le ha servido a esa colectividad y “a su jefe supremo para enarbolar la bandera de la reforma a la justicia, al paso que la persecución y búsqueda a cualquier precio de la condena de un magistrado les permitirían justificar ante sus electores las condenas proferidas por la Sala (de Casación Penal) por sus vínculos con el paramilitarismo”.

La tesis de Bustos es que las sentencias proferidas por un exmagistrado en esa materia les abriría la puerta a una eventual revisión de las providencias en contra de un inmenso grupo de excongresistas, exmandatarios regionales y exfuncionarios cercanos a Uribe Vélez.

Pero Bustos no solo se quedó en esa argumentación, sino que señaló en un extenso párrafo que esas maniobras para arrinconar la justicia tuvieron lugar desde la Fiscalía.

“Lo que no pudo hacer el jefe supremo del Centro Democrático desde el Gobierno (…) lo viene logrando a través de un mendaz delincuente sorprendido en flagrancia y confeso, quien ingresó a la Fiscalía a cumplir órdenes y a realizarle tareas específicas de quien fuera la cabeza visible y jefe de Cambio Radical sirviéndose del proceso penal y coetáneamente arrinconando a la administración de justicia con toda suerte de epítetos, diatribas, calumnias y lenguaje altanero y desafiante”, enfatiza Bustos en su carta.

Por ahora se espera la decisión del magistrado Ramiro Alonso Marín, ponente en el caso contra Gustavo Malo, frente a la particular petición de Bustos quien, en síntesis, al declarar mediante correo certificado no permitirá un contra interrogatorio directo en la diligencia.