El representante caldense, elegido por la dirección roja del Tolima como su candidato al Senado, aseguró que el excongresista Mauricio Jaramillo tomó la decisión más sabia al apoyar a un candidato foráneo ante las condiciones actuales de la colectividad, por eso llamó a la integración regional.
Desde el Congreso, el representante Juan Carlos Losada y ambientalistas del país hablaron de la necesidad de un mecanismo para que las comunidades decidan sobre asuntos mineros y petroleros.
La dirigente política Ingrid Betancourt, anunció que le solicitó al Consejo Nacional Electoral que le devuelva la personería jurídica de su movimiento político, Verde Oxígeno, la cual perdió cuando fue secuestrada y a la vez notificó que llegará a la Coalición de la Esperanza.
De manera sorpresiva, el alcalde de Cajamarca, Julio Roberto Vargas, se despachó en elogios hacia el gobernador Ricardo Orozco y afirmó, categóricamente, que “a muy pocas personas me les quito el sombrero, pero a usted sí por este gran proyecto de profundo contenido social”.
Las autoridades locales avanzan en el aprestamiento final de las elecciones de las juntas de Acción Comunal, el 28 de noviembre, y los Consejos Municipales de Juventud, el 5 de diciembre.
En sus retos políticos ella quiere ir más allá, viene liderando la idea de crear una gran fuerza de centro con exalcaldes y exgobernadores que lleguen a mayo próximo con la posibilidad de ser la opción de ganar la Presidencia de la República.
Carlos Amaya, precandidato a la Presidencia por Alianza Verde, dijo que si el
partido deja en libertad a su militancia para 2022, será el fin de la colectividad. Confía en representar a la Coalición de la Esperanza y unir a los alternativos en segunda vuelta.
En la plaza Manuel Murillo Toro de Ibagué, los senadores Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco formalizaron un acuerdo entre sectores progresistas y liberales para encarar las elecciones presidenciales de 2022.
Ante la Corte Suprema de Justicia fueron denunciados 71 representantes a la Cámara por el presunto delito de prevaricato, luego de la discusión del polémico artículo incluido en el Presupuesto General de la Nación para 2022 que terminó con la suspensión de la Ley de Garantías.