En medio de las críticas de la oposición, la Fiscalía, la Procuraduría y las altas cortes, el gobierno de Gustavo Petro ya firmó el polémico decreto 2422 de 2022 mediante el cual aprueba la liberación, antes de Navidad, de por lo menos 200 integrantes de la llamada ‘Primer Línea’ que actualmente están siendo judicializados para que pasen a ser ‘gestores de paz’ encargados de ser mediadores en diversos conflictos de la sociedad.

A pesar de haber sido expedido el pasado 9 de diciembre y contar con las firmas de los ministros del Interior y defensa: Alfonso Prada e Iván Velásquez, respectivamente; y también la rúbrica del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, el controvertido acto administrativo aún no ha sido publicado en la página oficial de la Casa de Nariño.

Colprensa / EL NUEVO DÍA Nueve miembros de la Primera Línea ya fueron condenados por delitos como: concierto para delinquir, violencia contra servidor público. Lesiones personales y perturbación en transporte colectivo u oficial, entre otros.

De manifestantes a gestores

Con el decreto 2422, el Gobierno Nacional creó la “Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana”. Para tal fin y acudiendo a las facultades legales que le otorgó el Congreso, el presidente Petro ordenó la excarcelación de los miembros de la Primera Línea, que han sido judicializados por las protestas del Gran Paro Nacional de 2021, como gestores de paz, quienes pasarán a ser voceros en dicha comisión de paz.

El Gobierno Nacional justifica dicha determinación, basado en la Ley 2272 de 2022 más conocida como Ley de Paz Total, que tiene “el objetivo de promover el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación entre los colombianos, y propiciar un ambiente proclive a la consecución de la paz”. Para lo cual la misma Ley, le otorgó al Presidente de la República la facultad de admitir como voceros a ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad.

“Es un panorama jurídico complejo, porque en realidad, el ejecutivo a través del presidente estaría inmiscuyéndose o entrometiéndose de manera indebida en las decisiones de la justicia, sin embargo, existe una ley que es la Ley de Paz Total, que no la hizo el ejecutivo sino el Congreso es una Ley bastantes donde se están manejando unos términos muy ambiguos y amplios que terminan legitimando el entrometimiento indebido del ejecutivo”, consideraron los expertos.

Decreto controversial

El senador de verde Oxígeno, Humberto de la Calle, cuestionó al presidente de la República en su decisión de ordenar la libertad a personas que participaron en hechos violentos en las manifestaciones y consideró que va “por el camino culebrero”.

“La cuestión de la libertad de los integrantes de la Primera Línea ha tenido un efecto más divisivo que la idea misma de la Paz Total. Esto ha ocurrido porque las víctimas de guerrilla y grupos de alto impacto viven en sitios remotos donde su voz se pierde. En cambio, la Primera Línea afectó de manera severa grandes masas urbanas de clase media que se ubican en el epicentro del país y de la política”, indicó el Congresista.

Del mismo modo, el representante a la Cámara por Santander, el uribista Óscar Villamizar calificó de inconstitucional e ilegal la Resolución mediante la cual el gobierno Petro ordena el excarcelamiento los miembros de la primera línea.

Según Villamizar, las bases del Decreto 2422 de 2022, está dando facultades que no tiene el Gobierno y por el contrario está sobrepasando la división poder, en donde el ejecutivo está interfiriendo en el poder judicial.

“Es una afrenta a la institucional del país. Ellos, (primera línea), tienen que ser parte de un grupo armado al margen de la Ley. Si son un grupo organizado, que nos demuestren cuál es su estructura criminal, quiénes son sus cabecillas. Ahora bien, en un comienzo el Gobierno Petro hablaba de “gestores de paz”, pero el decreto se lee perfectamente que van a ser voceros, cosa totalmente contraria a la realidad”, acotó el representante Villamizar.

Visión similar reveló el senador y exjefe negociador con las Farc, Humberto de La Calle, al considerar que el Decreto 2422 del Gobierno Nacional tiene serias debilidades jurídicas.

“La figura de los gestores de paz está consagrada en la Ley 975 de 2005. En cambio, los voceros, que pueden provenir de la sociedad civil, corresponden a la Ley 2272 de 2022 (Ley de Orden Público). Hasta podría admitirse que se asimilen, como lo han hecho tanto el gobierno como los medios, si no fuera porque su régimen es diferente. Los gestores han contribuido a un proceso de paz y, en todo caso, hacen parte de grupos armados organizados. No es el caso de la Primera Línea. Y si se aplica la noción de Voceros, solo se podrían suspender las órdenes de captura, no hay autorización para suspender las medidas de aseguramiento ni suspender la ejecución de las penas. Y que ahora no se diga que es una actitud leguleya”, agregó De la Calle.

Ante este panorama, el congresista del Centro Democrático, Villamizar Meneses, anunció que demandará la constitucionalidad del Decreto 2422 de 2022.

El alcance

El Decreto 2422 de 2022, señala que la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz se reunirá por lo menos una vez trimestralmente y tendrá entre algunas de sus funciones: expedir su propio reglamento, definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación del desescalamiento del conflicto social; y recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros de paz. Dicha Comisión estará conformada por los ministros de Defensa, Justicia e Interior, junto al director del Dapre.

Alerta de control

Tanto la Procuraduría, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y hasta las altas cortes se oponen al Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022, emitido por el Gobierno Nacional, con el cual se podrían excarcelar más de 200 jóvenes que están siendo procesados por las protestas de 2021 para convertirlos en “gestores de paz”.

Para la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el polémico decreto interfiere con las decisiones judiciales, toda vez que recobrarán la libertad quienes no han recibido condena y están en pleno proceso ante los despachos del país.

Las tres entidades han advertido que la liberación no será viable debido a que no existe el debido proceso. El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo luego de conocer la propuesta que, si el presidente Gustavo Petro quiere ofrecer la libertad, deberá capotear el trámite en el Congreso de la República.

“Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, cuestionó en su momento Barbosa.

Por su parte, Margarita Cabello Blanco, como procuradora General, tampoco está de acuerdo con esta medida, pues considera que la liberación de los privados la debe decidir un juez y no la Casa de Nariño.

“Corresponde a los jueces decidir sobre la privación legal de la libertad y, asimismo, sobre la liberación de los detenidos y condenados en todos los casos. La reserva judicial supone una competencia inderogable en una democracia constitucional con división de poderes y ello impide que se diluyan las competencias. El Gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica, en particular, de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar derechos y garantías”, dijo Cabello Blanco en diálogos con Semana.

Del mismo modo, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo prendió las alarmas por el proyecto de liberación de los miembros de la primera línea por parte del gobierno Petro.

“Es importante que se mantenga el equilibrio e independencia de las ramas del poder público, que se respeten los principios de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y que de ninguna manera se indulte a personas que hayan cometido delitos graves”, señaló la Defensoría del Pueblo.