Esta semana, en un mismo día, mientras que el presidente Petro pedía investigar a dos miembros de su familia, su hermano y su hijo, para aclarar los rumores acerca de que supuestamente habían recibido dinero de narcotraficantes para que intervinieran a favor de ellos en un eventual sometimiento a la justicia; el fiscal general, Francisco Barbosa, reconoció en una entrevista radial que no tenía ninguna confianza en el comisionado de paz, Danilo Rueda, porque repetidamente le había dicho mentiras al país.

Dudas

Las sospechas vienen incluso desde antes de que el presidente Petro se posesionara. Durante la campaña se hizo público que su hermano, Juan Fernando, y Danilo Rueda, quien después se convertiría en comisionado de paz, se habían reunido en la cárcel La Picota con políticos condenados por corrupción y parapolítica, como Iván Moreno, preso por el cartel de la corrupción en Bogotá; y Álvaro García, condenado por la masacre de Macayepo.

Aunque los dos negaron en ese momento estar representando a la campaña de Petro y mucho menos haber ofrecido algo a los reclusos de La Picota, mensajes de texto de testigos de la reunión, revelados por Noticias Caracol, aseguraban que se había hablado de la presentación en el gobierno de Petro de una reforma a la justicia que incluyera rebajas de hasta el 20 % de las penas para todos los reclusos y la eliminación de los jueces de ejecución de penas.

Declaración

En enero de este año, la Fiscalía anunció que llamaría a declarar no solo a Juan Fernando Petro, sino al comisionado Rueda, pues este aseguraba que tenía información sobre abogados que habrían sacado dinero a narcotraficantes, engañándolos con promesas de influir para que obtuvieran beneficios de la paz total. 

Dos meses después, sin embargo, según dijo este viernes el fiscal Barbosa, Rueda no ha presentado aún las pruebas.

También han despertado la desconfianza del fiscal Barbosa varias decisiones tomadas por Rueda dentro de la búsqueda de caminos para iniciar la negociación con grupos armados ilegales, entre ellas la solicitud del levantamiento de órdenes de captura para miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada, algunos de ellos extraditables, a las cuales se opuso el fiscal Barbosa.

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