Según los datos de Colombia Compra Eficiente, solo el 5,6% de los contratos en el país corresponden a licitaciones públicas.

Además, en 2020 se destinaron 120 billones de pesos para la contratación pública, de los cuales 42 billones se destinaron por medio del proceso de ‘Régimen Especial”, 21 billones por procesos de contratación directa y 1.8 billones de pesos por medio de contratos y convenios entre dos o más partes. Las tres modalidades concentran el 54,9% de los procesos de contratación.

Según la carta enviada, no seguir los principios de transparencia y selección objetiva puede generar el desperdicio de recursos, la reducción de la eficacia y la pérdida de la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos.

“En el Gobierno Nacional estamos convencidos y comprometidos con la transparencia, integridad y legalidad en la gestión pública y, en especial, en la contratación pública que es el instrumento jurídico idóneo para cumplir con los fines del Estado y prestar los servicios necesarios para el bienestar de la población”, se lee en la carta enviada por la vicepresidenta.

Por eso, la vicepresidenta y la secretaria de Transparencia pidieron a los alcaldes y gobernadores dar estricto cumplimiento a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, consignados en los artículos 209 y 267 de la Constitución, y cumplir con la ley 610 del 2000, en donde se enuncian los principios de igualdad, legalidad, equidad, imparcialidad, transparencia y publicidad, obligatorios para servidores públicos y para aquellos que administran dineros públicos de la nación.

En la carta, solicitaron cumplir la ley 2022 del 2020, que establece los documentos para los pliegos de condiciones en los procesos de contratación estatal. Además, pidieron a los funcionarios adelantar acciones para prevenir la corrupción, garantizar la transparencia y la selección objetiva en los procesos de contratación, y fortalecer mecanismos de denuncia ciudadana en posibles casos de corrupción.

“Los entes departamentales y territoriales son aliados imprescindibles en la lucha contra la corrupción; exigiéndose una corresponsabilidad entre todos los actores de la sociedad, con el fin de tener entidades más eficientes y ciudadanos que confíen en nuestra labor”, afirma la misiva.

En días pasados, la vicepresidenta envió una carta a los funcionarios solicitando dar mayor participación a las pequeñas y medianas empresas en los proyectos estatales, para contribuir a la reactivación económica del país y garantizar múltiples oferentes en los procesos.