Uno de los puntos que exalta el resumen de la iniciativa es que la sujeción a la justicia, “en ningún caso, evitará la extradición de los miembros de estos grupos armados organizados”.

Además, aclara el proceso de entrega de los criminales. Primero existirá un acercamiento colectivo a cargo del Gobierno “un espacio en el que el líder o vocero de la Bacrim manifiesta la intención grupal de afrontar la Ley.

“A estos se les permitirá marchar a una “zona de reunión” en la que podrán permanecer por un tiempo breve, que el Ministro de Justicia, estime en no más de dos meses”.

Luego en ese perímetro las órdenes de captura se congelarán mientras “el grupo levanta actas con la individualización de cada integrante, y toda la información sobre armamento, bienes, el recuento de sus crímenes y el mapa de todas sus redes de apoyo”.

El proyecto es claro en que toda la información se deberá entregar al Gobierno Nacional.

Así mismo, al momento de la judicialización, que estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación, “esta deberá verificar la información, recaudar el armamento, los bienes y entregar al Icbf a los menores involucrados. Con base en todo esto, los fiscales formularán el escrito de acusación colectiva que presentarán ante un juez.

“Y este se desplazará a la zona de reunión para realizar una primera audiencia de verificación, y máximo diez días después deberá emitir fallo”.

El documento asegura que las actas de individualización y aceptación de responsabilidad “harán las veces de aceptación de cargos, con lo que se acorta considerablemente el proceso”.

El resumen sostiene que el proyecto endurece las penas de quienes hagan parte de las Bandas Criminales pues el castigo por el delito de concierto para delinquir hoy se encuentra entre los 3 a 6 años de cárcel.

Sin embargo, de ser aprobado el proyecto, al culpable se le dictaría una sentencia de 4 a 9 años. Y si esa conducta deriva en graves crímenes que afecten a la población o el patrimonio del Estado, la pena se eleva entre 8 y 18 años de cárcel además de una multa de 30 mil salarios mínimos.

Así mismo, los grupos que impidan u obstaculicen la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, pactados en el acuerdo final de La Habana tendrán una pena “de entre 4 a 6 años”.

Igualmente, los miembros de las Bacrim que cometan delitos de contrabando de hidrocarburos y derivados, “se expondrán a penas de 6 a 12 años de cárcel. También habrá penas y sanciones para las personas del común que asesoren a esos grupos, ya sea en temas contables, técnicos o científicos, siempre que esas tareas contribuyan a los fines ilícitos de la organización”.