Según el informe, debido a que las Farc no son el único actor armado y violento en el país, existe la clara posibilidad de que, una vez esa guerrilla deje los territorios, otros grupos armados ilegales, como bandas criminales, narcotraficantes y el mismo ELN, los tomen para ejercer sus actividades delictivas.

En el informe se establece que en el país existen 281 municipios considerados de atención prioritaria en el marco de un posconflicto.

De estos, 87 son calificados como de prioridad muy alta, lo que implica que una vez las Farc se retiren, el Estado deberá llegar para brindar apoyo inmediato a los campesinos, con el fin de evitar que la delincuencia resurja.

Esos 87 municipios están ubicados en cuatro regiones: en el Pacífico; en los Llanos Orientales y la Amazonía; en el corredor entre el noreste antioqueño, pasando por el Magdalena Medio y llegando al Catatumbo, y en el municipio de Uribia, en La Guajira.

La situación más crítica se vive en Buenaventura, en el Valle del Cauca; El Tambo, López de Micay, Santander de Quilichao y Timbiquí en el Cauca; Barbacoas y Tumaco, en Nariño; Riosucio, El Bajo y Medio Baudó, en Chocó; Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba; Anorí y Urrao, en Antioquia; Tibú, Sardinata, El Carmen y El Tarra, en Norte de Santander.

También están La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico y Vistahermosa, en el Meta; Miraflores, Calamar, El Retorno y San José, en el Guaviare; Curillo, La Montañita y Solano, en Caquetá; Orito, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en Putumayo; Mitú y Taraira, en Vaupés; y Puerto Alegría y La Chorrera, en Amazonas.

Sobre la situación de estos municipios, Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, habló con Colprensa y explicó varios de los factores que hacen que sean de mayor prioridad para la intervención temprana del Estado.

“El posconflicto va a durar 10 años”: Ariel Ávila

- ¿Cómo definieron cuáles son los 281 municipios prioritarios?

Hicimos un cálculo de en dónde han estado las Farc y el ELN durante los últimos años, eso nos dio un total de 281 municipios. Esto lo clasificamos en tres niveles, uno muy alto, otro medio y otro bajo.

- ¿Bajo qué precepto hicieron esa clasificación?

Nos hicimos tres preguntas: ¿cuál es el riesgo de que en estos municipios se levante una nueva ola de violencia, después de firmados los acuerdos de paz? ¿Qué tan preparado está el Estado para aplicar los acuerdos de La Habana? ¿Qué tanto riesgo hay de que llegue otro actor armado a reemplazar a las Farc en esas zonas?

Entonces tomamos los 281 municipios y creamos un gran índice, con un indicador estatal, que mide el DNP; un indicador social, que es el Gini de Tierras; otro de vías terciarias y navegabilidad fluvial y el último sobre presencia de economías ilegales.

- ¿De todos, cuáles son los más vulnerables?

Le puedo dar el ejemplo de Barbacoas, en Nariño. Es un municipio que solo tiene una vía de acceso totalmente destruida, no tiene vías terciarias, no tiene un comercio estable, la Alcaldía no recauda impuestos, hay presencia de coca, hay minería ilegal, presencia de Farc, ELN y bacrim, es un municipio en un riesgo muy alto.

- ¿Qué puede hacer el Gobierno en este caso?

Lo que le decimos al Gobierno es que realmente el posconflicto va a durar unos diez años. Esto inicia desde la firma del acuerdo hasta lo que decidimos llamar ‘la normalización’. Pero todo el mundo coincide en que el punto más crítico está entre la firma del acuerdo y los siguientes doce meses.

En esos municipios hay que hacer una intervención, no para solucionarlo todo, no para acabar con todas las desigualdades, en doce meses que eso no va a pasar, pero sí hay que hacer una intervención sustancial para que no lleguen otros actores armados a generar una nueva ola de violencia. Son obras pequeñas, como adecuar y ampliar algunas vías terciarias, drenar ríos, que haya acueducto y alumbrado público 24 horas. Pequeñas obras, que permitan contener esos factores negativos.

Catatumbo

- ¿Qué pasa con ese corredor que pasa desde el noreste antioqueño, por el Magdalena Medio y hasta el Norte de Santander llegando a la frontera con Venezuela? 

Ése es el famoso corredor que hay entre el Catatumbo nortesantandereano y el Golfo de Urabá. Lo más dramático allí son tres cosas. La primera es que es una zona de cultivo, procesamiento, transporte y exportación de drogas ilícitas. La segunda es que hay en promedio entre tres y cuatro actores armados. Mientras tanto, el poder local está tomado por la ilegalidad. A diferencia del Pacífico, la Gobernación de Antioquia tiene recursos y tiene un programa de paz. Santander también tiene recursos y lo mismo Norte de Santander. Pero todo esto está atravesado por corrupción y mucha delincuencia.

- Hay una cuarta región que está en rojo y es un solo municipio, Uribia, en La Guajira. ¿Qué pasa allá? 

Ese es un caso paradigmático; nos hicimos esa misma pregunta. Esa es una zona donde el exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez está preso por homicidio y una exalcaldesa de Manaure acaba de ser encarcelada por delitos como peculado y celebración indebida de contratos. Esa es la mejor definición de La Guajira.

Llena de todo tipo de contrabando mafioso y esa mafia se vuelve Estado. Ese departamento no está en rojo porque sea pobre, municipios como Riohacha, que es la capital, han recibido suficiente dinero como para financiar la primera fase del Metro en Bogotá dos veces. Y aun así, no hay acueducto. La clase política de la región está vinculada con la ilegalidad y hay mucha población que depende de estas economías ilegales. 

El Pacífico

- Al ver el mapa se distinguen cuatro regiones muy claras, hablemos de ellas una por una. La primera es la del Pacífico, que está en rojo de punta a punta… 

Esa es una de las regiones más complejas, porque abarca dos fronteras, la de Ecuador y la de Panamá. El Pacífico tiene cinco grandes características, está lleno de economías ilegales, coca y minería, pero la que más preocupa es la segunda, porque requiere aparatos criminales más estables, entonces tenemos una amplia presencia de economías ilegales.

Otro factor, es que hay presencia de hasta tres o cuatro actores armados. El mejor ejemplo de esto es Buenaventura, donde confluyen las Farc, el ELN, empresas privadas y ‘Los Urabeños’. En ese caso, negociar con las Farc es un pedacito muy pequeño.

Tercero, el Pacífico está sumido en la corrupción, en el caso de Buenaventura, hay miles de millones de pesos en inversiones y es la hora en que ese municipio no tiene un buen acueducto. Hay ilegitimidad en autoridades locales.

Cuarto, municipios como Riosucio no tienen nada de presupuesto, el año pasado recibieron entre 60 y 70 millones para invertir en seguridad y en víctimas. ¿Con eso qué se hace? Ellos no recaudan impuestos, porque no hay quién los pague. Y el quinto factor es que hay funcionarios públicos que no entienden o no les interesa el tema de los acuerdos de La Habana. En ese tema hace falta mucha pedagogía.

- Los Llanos Orientales están en rojo hasta llegar a parte de la Amazonía, en el sur del país…

Sí, eso arranca desde Arauca y Vichada, pasando por el Meta y Guaviare hasta Caquetá, Putumayo e incluso una parte del Vaupés. Esa es otra región muy grande del país, donde no hay caminos, no hay vías terciarias, ni navegabilidad en los ríos. Allí predomina la economía de la coca. Esos son municipios muy importantes, porque difícilmente podrán salir de una economía ilegal. 

Plan de desarrollo

- Ustedes manifiestan preocupación porque no ven en el Plan de Desarrollo inversión que corrija todos esos problemas...

El Gobierno usa su propaganda para vendernos el plan de desarrollo como un plan para la paz. Pero cuando uno lee el proyecto que presentaron, no hay nada de eso. Por ejemplo el artículo que habla sobre baldíos es un zapatazo al tema de reforma agraria que está acordado con las FARC. Se dice que se van a intervenir siete mil kilómetros en vías terciarias, pero no priorizan esos municipios que mencionamos.

Igual pasa con los temas de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Pareciera que los funcionarios de Bogotá no conocieran el resto del país. No se sabe cuáles son los mecanismos de priorización y cumplimiento de los acuerdo de paz. No sabemos si esto fue un error por la velocidad con la que se diseñó el Plan o si fue en verdad pensado y planeado así.

- ¿Qué les ha respondido el Gobierno al respecto?

Lo que han dicho el Gobierno y Simón Gaviria es que como el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado sigue siendo válido, no se va a poner nada en el Plan de Desarrollo para no darle ventajas a las Farc.

Lo otro es que muchos ministerios enviaron sus propuestas y lo que se hizo fue mezclar todo lo que éstos presentaron sin revisar bien. Le decimos al Departamento Nacional de Planeación que con los tres acuerdos que ya se han alcanzado en La Habana, se puede empezar a planear.

Lo que falta por negociar son los temas de víctimas y dejación de armas, que no tienen nada que ver con la inversión que mencionamos. Entonces no hay razón para no meterlos. Además, esas cosas hay que hacerlas, se firme la paz o no.