El escándalo de supuesta corrupción en la ‘joya de la corona’ de la justicia: la Corte Constitucional, no solo tiene a todos los sectores, incluida la cúpula de la justicia nacional y los propios magistrados de esa Corporación pidiéndole la renuncia al magistrado Jorge Pretelt, sino que por primera vez en mucho tiempo tiene a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, al menos, recogiendo testimonios.

La reacción de la Comisión esta vez no se ha salvado de la polémica pues el congresista a cargo Julián Bedoya, no es abogado. La polémica, ante la paquidermia de la Comisión ha evidenciado una vez más la necesidad de soluciones estructurales. Lo cierto es que a la vista está la reforma de equilibrio de poderes que elimina a la Comisión y crea un Tribunal de Aforados, entre otros.

Pero este Tribunal es igualmente polémico por su composición, al punto que ha sido considerado como un maquillaje poco efectivo que no serviría para que se puedan tramitar y descongestionar todos los procesos que tiene la Comisión contra los aforados constitucionales. De hecho, se trata de una discusión que se surte en el Congreso pero que tiene bastante preocupado al sector justicia en general, al punto que ya el Consejo de Estado por ejemplo anunció que participará activamente en el debate.

Desde la Altas Cortes, hay un temor de que el Tribunal se convierta en una forma de retaliación por los fallos que han sido proferidos por la Corte Suprema, por ejemplo, contra senadores por la parapolítica. Así lo dijo ante un público de jueces y magistrados, el integrante de la Sala Penal de la Corte, Eugenio Fernández Carlier.

“En el Congreso, en sus grandes mayorías, hay gente honesta, gente pulcra, pero la justicia ha tenido que proferir fallos de condena por paramilitarismo.

¿Cómo entonces entender que nosotros podamos ser juzgados por un Tribunal de Aforados, donde quienes van a nombrar a esos magistrados son los parientes y familiares de quienes la Corte ha condenado?”, señaló.

La dura posición de Fernández Carlier no es una minoría y al parecer el Congreso lo sabe pues uno de los ponentes, el senador Hernán Andrade, dijo ante el mismo público que eso no sucederá.

De acuerdo con su posición, la idea que tienen actualmente en el Congreso con la reforma de equilibrio de poderes es separar la causa criminal del juicio político, para que los temas criminales pasen a la Corte Suprema de Justicia.

“He ahí el problema en el que estamos con el magistrado Pretelt. Una cosa es el tema criminal y otro el de conveniencia y de dignidad en el cargo. Nos ‘lincha’ la ciudadanía si no le damos respuesta efectiva a esa diferenciación que está unida desde el proceso 8 mil”, dijo.

Eso sí, el senador Andrade no fue ajeno a la polémica, pues dijo que a pesar de la discusión que él calificó de “periodística”, la Comisión no tiene porqué tener profesionales en derecho.

“¿Quién dijo que en la Comisión de Acusación tienen que ser abogados. Es un juicio político que lo criminalizaron para enredar la investigación del pasado”, insistió.

Conformación del tribunal

Así, según el ponente, el Congreso jamás se arriesgará a afectar la institucionalidad por lo que propuso que se abra el debate sobre cómo se conformará dicho Tribunal. El tema es central dentro de la Reforma de Equilibrio de Poderes, que va por su segunda vuelta en medio del escándalo, pero no es el único tema crucial.

Por ejemplo, el magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Oscar Bustamante Hernández, considera que la reforma en curso o las que se planteen deben estar igualmente el que se le quite la posibilidad que los integrantes de la Sala Disciplinaria de la Judicatura puedan fallar tutelas, para evitar posibles irregularidades, y dejarles solo la función de disciplinar a los jueces y magistrados.

En su criterio, la posibilidad de una nueva forma de Gobierno de la Rama, que contempla la reforma, es lo mismo pero con diferentes nombres.

“Se ven nombres distintos, pero las funciones siguen, de fundamento no tiene nada”, dijo.

“La falta de legitimación del Consejo de la Judicatura actual tiene como pecado su pérdida de norte”, agregó.

En su criterio, además, se debería cambiar la forma como se elige al Fiscal General de la Nación para que la postulación venga de las Altas Cortes y no del Gobierno Nacional.

Ahora bien, la reforma tiene algunos puntos que al parecer sí traerían algunas ventajas para la Rama Judicial, como lo es la inclusión de un Plan Decenal de Justicia.

El congresista del Centro Democrático, Edward Rodríguez, señaló que la idea para que no sea una letra muerta es que el mismo cuento con los estudios técnicos y pertinentes y la participación de todos los actores.

Sobre esto, la directora de la Corporación Excelencia a la Justicia, Gloria María Borrero, consideró que el plan sectorial debe consultar a todas las bases para que se pueda realmente diseñar la política pública.

No obstante, no hay consenso sobre cómo debe ser la relación de la Rama con el Ejecutivo, pues actualmente no tiene un presupuesto autónomo.

Para Borrero, a pesar de las críticas, es necesario que haya “unos vasos comunicantes” entre ambas ramas.

“La autarquía presupuestal de la Rama Judicial no es conveniente y nosotros creemos que darle presupuesto per se a una institución no la va a jalonar”, apuntó.

El punto es problemático, pues la Rama Judicial se la pasó todo el 2014 pidiendo recursos, en medio de un extenso paro, lo que motivó una ley exprés y varios compromisos del Ministerio de Hacienda.

No obstante, esto también fue cuestionado por el representante a la Cámara, Germán Navas Talero, quien indicó que toda la independencia de la Rama y también la del Congreso queda en manos del Minhacienda al que denominó “Tío McPato”.

“Le entregan recursos a la Rama en noviembre, cuando no se pueden ejecutar, sabiendo que tiene que devolvérselos porque no los puede gastar. El es el ‘tío rico’”, dijo.

MÁS CONTROLES PARA MAGISTRADOS

Un punto que sería benéfico es que se aumenten los controles para las personas que aspirarán al cargo de magistrado. En palabras del congresista Navas Talero, esto evitaría que el jurista “no coleccione clientes para ir a litigar después”.

De hecho, sin mencionarlos, Navas puso el ejemplo del Fiscal Montealegre, quien fue magistrado, asesor de Saludcoop y Fidupetrol y luego Fiscal. También lanzó indirectas, al parecer, contra el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, mencionado en todo el escándalo del supuesto soborno millonario en la Corte.

“Un exmagistrado ahora tiene ‘hijuemil’ negocios. ¿Cómo lo hizo? Con el poder que da la Corte”, dijo al estimar que lo ideal es que los magistrados terminen periodo y no “salgan a buscar puesto”.

No obstante, el congresista Navas dejó sobre la mesa una preocupación, pues en su sentido, por más consensuada que intente ser la reforma o que se plantee escuchar a todas las partes, en realidad, el proyecto que pasará será el que quiera la Unidad Nacional.

“Hasta el nombre está mal puesto. Aquí no hay nada para la gente, como la nombran descaradamente equilibrio de poderes. Aquí se hará no lo que ustedes quieran, sino la unidad Nacional quiera, de manera que si quieren conseguir algo hablen con ellos”, dijo Navas.