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La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia de la magistrada Julieta Isabel Mejía Arcila confirmó la condena contra Ángela Johana Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres por el crimen de ‘Sarita’, la niña abusada, torturada y asesinada en Armero–Guayabal, que falleció el 22 de abril de 2017.
Por tal razón, en el caso de Ángela Johana Guerra Urueña, deberá permanecer 39 años y ocho meses por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado del que fue víctima Sara Ayolina Salazar Palacios con escasos tres años de edad.
Mientras al hombre le fue ratificada la condenada a 13 años por el delito de tortura agravada en su condición de garante.
En el caso de la mujer, es de recordar que fue absuelta por la conducta punible de acceso carnal violento agravado.
Durante el juicio, por medio de los testimonios de los 56 declarantes, seis de ellos de la defensa, se logró demostrar que la niña permanecía en la vivienda de los Rojas - Guerra en la finca El Limonar, ubicada en la vereda la Joya de Armero–Guayabal.
Allí convivían los dos adultos y cuatro menores de edad, entre ellos dos hijos de la mujer, un hijo en común de la pareja y ‘Sarita’.
Y Edilberto Rojas Torres fue condenado al omitir los signos de maltrato que presentaba la niña.
Murió solita
El 21 de abril de 2017 ‘Sarita’ fue llevada en muy malas condiciones de salud, inconsciente al hospital Nelson Restrepo de Armero-Guayabal por su madrina y una hermana de ella en una motocicleta. La menor de edad falleció hacia el mediodía del 22 de abril de 2017 en el hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, a donde quedó sola, sin ninguna persona que la acompañara.
La menor de edad ingresó en malas condiciones de salud, falta de aseo e higiene; traumas múltiples en el cráneo, hematoma occipital, laceraciones en la boca, ausencia del tabique nasal, cicatrizaciones hipopigmentadas antiguas en la piel, lesiones a nivel genital e insuficiencia respiratoria.
Ya en Ibagué también se evidenció que a la niña le faltaba la uña del tercer dedo de la mano derecha con herida, en la izquierda, una amputación de la punta del tercer dedo de la mano izquierda, lesiones en el introito vaginal, esfínteres complacientes.
Asimismo, en la necropsia se plasmó que la niña tenía un callo en el húmero y fémur izquierdo, por una fractura que soldó sola. La niña sufrió lesiones o traumas con elementos contundentes sin que hubiera recibido atención médica especializada en ortopedia.
Aunque el cuerpo de la pequeña tenía evidencias de un abuso sexual crónico, no lograron obtener espermatozoides en el momento de la inspección del cuerpo y por ende el culpable de los accesos carnales con la menor de edad.
Según el dictamen de Medicina Legal la niña murió de manera violenta por trauma encefálico, ‘síndrome de zarandeo’, el cual se presenta cuando un adulto ejerce fuerza que doblega al menor o lo mueve de adelante hacia atrás o de forma horizontal que la cabeza se mueva como un péndulo generando una lesión.
Vida de tortura
La menor de edad llegó al hogar de sus padrinos el 4 de marzo de 2016, cuando la progenitora Ruth Salazar Palacio, en la Comisaría de Familia de Armero-Guayabal les otorgó la custodia personal y solidaria de la menor a Ángela Johana Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres.
Como lo había indicado el Juez de primera instancia: “La niña se acostumbró al maltrato a su corta edad”. Recoge el fallo de segunda instancia que la tortura de la pequeña inició el 26 de mayo de 2016 cuando fue ingresada al hospital Nelson Restrepo Martínez de Armero–Guayabal, donde según el diagnóstico médico ‘Sarita’ tenía una alergia o celulitis en su rostro, una quemadura por la aplicación de vinagre y anemia severa.
Por lo anterior, la niña fue remitida hasta el hospital Regional del Líbano, donde observaron que tenía abrasiones superficiales en el rostro, quemaduras grado II, signos de desnutrición, ligera anemia, déficit de hierro y desnutrición proteico calórica, morados en el mentón y ausencia de cabello por fracción – halado, lo cual era sospechosamente compatible con maltrato infantil. De este centro asistencial salió sin ningún tipo de seguimiento por el maltrato infantil.
Durante el juicio se demostró que ‘Sarita’ estaba desescolarizada pues los padrinos la retiraron del Centro de Desarrollo Infantil Jardín Mis Sueños, lo que demostró desinterés y abandono de la víctima por parte de los acusados.
Dato
Es de recordar que aún hay un proceso en contra de la entonces Comisaria de Familia de Armero-Guayabal, Katherine de los Ángeles García Rodríguez.
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