La noticia ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes califican la situación como una grave falla en el sistema judicial.

Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió el 24 de febrero de 2024, cuando Avellaneda llegó al lugar de trabajo de su expareja, Stephanie Katherine Bocanegra, de 31 años y con siete meses de embarazo. Tras una discusión, el hombre disparó contra ella, hiriendo también al administrador del establecimiento, Pablo César García, quien intentó intervenir.  Acto seguido, Avellaneda fue detenido en el lugar por la policía.

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A pesar de las pruebas, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad, el proceso judicial sufrió retrasos significativos. Según los informes, el dictamen de Medicina Legal tomó más de cuatro meses, por lo que la defensa habría utilizado esto a su favor. Las demoras permitieron que Avellaneda quedara en libertad bajo el argumento de vencimiento de términos, lo que provocó indignación y desconcierto tanto en los familiares de la víctima como en allegados y diferentes grupos sociales.

Por su parte, colectivos feministas han expresado su preocupación por la falta de celeridad en el caso y por la incorrecta tipificación del delito como homicidio agravado, en lugar de feminicidio, lo que consideran una doble injusticia para Bocanegra y su bebé no nacido.