La acción es resultado de una demanda interpuesta contra la CBP en 2019 por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la consultoría CLEAR de la Escuela de Derecho de la Universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY), que solicitaban el cumplimiento de la Ley de libertad de información (FOIA).

Según un comunicado de las organizaciones, que consideraron la orden judicial un paso más hacia la transparencia, la CBP tiene que informar sobre los Equipos de Respuesta Táctica al Terrorismo que actúan “en secreto” y están desplegados en al menos 46 aeropuertos y otros puertos de entrada a EE.UU.

Señalaron que la CBP ha admitido que esos equipos buscan a personas que no están en el punto de mira del Gobierno federal y tampoco se consideran un riesgo para la seguridad e incluso las seleccionan basándose en “instintos” y corazonadas, en palabras del exjefe de la agencia, Kevin McAleelan.

En ese sentido, las organizaciones denuncian que esa manera de seleccionar a sus objetivos se presta a sesgos discriminatorios por raza, origen, etnia o religión, que van en contra de la ley y pueden dar lugar a detenciones o interrogatorios por cuestiones como el discurso o las asociaciones.

También cuestionan que los agentes sigan el proceso legal debido y su imparcialidad, en caso de que la información que hayan obtenido “inapropiadamente” de los viajeros dé lugar a mayor escrutinio gubernamental o a su inclusión en una lista de personas en el punto de mira.

“Esperamos saber más sobre por qué estos equipos han sometido a cientos de miles de pasajeros, incluyendo ciudadanos de EE.UU., a interrogatorios y detenciones en la frontera” y si su actividad es constitucional, señaló Scarlet Kim, una abogada sénior del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU.