Poco después de las 4 de la madrugada y tras 12 horas de sesión parlamentaria, la voz de la expresidenta Cristina Fernández, actual vicepresidenta y titular del Senado, confirmaba la noticia: "Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo".

Y el júbilo y las lágrimas de emoción se apoderaron de las miles de personas que, dentro de la marea verde, como se conoce a los grupos que apoyan la legalización, aguardaban con impaciencia el resultado del debate a las puertas del Congreso, en Buenos Aires, junto a sus característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas.

El fin de una normativa centenaria

El proyecto sancionado, que fue iniciativa del presidente Alberto Fernández -en el poder desde hace un año-, da la vuelta por completo a la legislación que rige desde 1921, cuando se aprobó el vigente Código Penal y por el que solo se puede acceder al aborto si corre peligro la vida de la madre o si el embarazo fue por una violación.

Cuando entre en vigor la nueva ley -hay diez días hábiles para que sea promulgada y luego deberá ser reglamentada-, las mujeres podrán abortar voluntariamente, de forma segura, legal y gratuita, hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo en las dos causales hasta ahora permitidas.

Siempre en un máximo de 10 días desde su requerimiento.

También se autoriza la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven a las pacientes a otros profesionales que sí lo hagan.

A la cabeza de Latinoamérica

Con este paso, Argentina, que en la última década aprobó también el matrimonio igualitario en 2010 y la ley de identidad de género en 2012, se reafirma como uno de los países con mayores avances sociales de Latinoamérica, región donde el derecho al aborto es inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países.

Solo Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Guyana, además de Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca tienen permitida la interrupción voluntaria del embarazo.

Hasta hoy y a lo largo de los años, varias fueron las ocasiones en que los colectivos feministas trataron de que se aprobara una ley en Argentina. Fue en 2018 cuando, por primera vez, el Congreso debatió un proyecto que, elaborado por una plataforma civil, obtuvo el "sí" de los diputados pero el rechazo del Senado.

Esto echó por tierra las ilusiones de muchas mujeres pero no les hizo perder la esperanza, menos aún cuando el año pasado, en su carrera por la Presidencia, Alberto Fernández se comprometió a impulsar una nueva ley y volver a intentarlo.

"El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política", escribió en Twitter esta mañana.

La sanción del proyecto, con un resultado menos reñido de lo que se esperaba, representa, tras las negociaciones políticas que llevaron a cosechar más apoyos que hace dos años, un éxito para el presidente para rematar un complicado 2020 marcado por la pandemia del coronavirus y la grave recesión que arrastra el país desde 2018.

Los abortos clandestinos y las niñas mamá

Más allá de la reivindicación del derecho de la mujer a decidir, uno de los principales problemas expuestos por el Gobierno y las organizaciones para exigir una ley era acabar con los abortos clandestinos y sus efectos a menudo mortales entre mujeres pobres que se someten a prácticas peligrosas por no poder ir a una clínica privada donde someterse a una intervención segura, aún de forma ilegal.

Según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, unas 3.200 madres han fallecido por abortos clandestinos desde el retorno de la democracia en 1983, y solo en los últimos dos años y cuatro meses, desde que el Senado votó en contra del anterior proyecto, al menos 12.

"Ahora, las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Hoy crecimos como sociedad", manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina.

Sin olvidar los casos de las niñas víctimas de abusos y los embarazos adolescentes -según estimaciones oficiales, cada año unas 90.000 menores tienen un hijo en Argentina-, así como las situaciones en las que se ha dificultado el acceso al aborto a niñas violadas.

La nueva ley establece que las menores de 13 años podrán abortar con la asistencia de al menos uno de sus padres o tutores, mientras que las que tengan entre 13 y 16 solo necesitarán autorización si el procedimiento compromete su salud y las mayores de 16 podrán decidir por sí solas.

Acusaciones de inconstitucionalidad

Ya cuando se vislumbraba que el proyecto iba a cosechar más apoyos que rechazos, algunos senadores contrarios a la ley alertaron de que esta es "inconstitucional" y anunciaron que acabaría en la Justicia.

"Si este proyecto se transforma en ley, será un juez el que termine resolviendo", dijo la opositora Silvia Elías de Pérez al remarcar que Argentina se comprometió en tratados internacionales y en leyes ya aprobadas "con los estándares más altos de protección para la vida desde el momento mismo de la concepción".

"La decadencia de un Estado es cuando ni el presidente, ni los legisladores, ni el Poder Judicial respetan la Constitución", agregó por su parte el oficialista José Mayans.

A esto se suma la decepción de los colectivos celestes o "provida" -que también se habían congregado ante el Congreso- y la postura antiaborto de la Iglesia Católica y el papa Francisco, quien el martes, y sin referirse directamente a su Argentina natal, publicó un mensaje en Twitter en el que señala que "toda persona descartada es un hijo de Dios".

Está por ver si esta situación perjudica al vínculo del pontífice con Alberto y Cristina Fernández, con quienes mantiene, en especial con la vicepresidenta, una relación aparentemente cordial desde hace años.