Las cifras siguen siendo escalofriantes, y resulta necesario que la sociedad reflexione sobre ellas con toda seriedad porque demuestran que el clima de violencia e intolerancia en el país permanece y se incrementa, así de cuando en cuando las autoridades expidan comunicados tranquilizadores en el sentido de que en cierto mes o año no han sido tantos los muertos.

Como si eso sirviera de consuelo a las familias de las víctimas, o como si el problema de fondo tendiera a desaparecer. La verdad es que los medios de comunicación dan cuenta diariamente de numerosos actos de violencia, no todos y ni siquiera la mayor parte por cuenta de la actividad de los grupos subversivos y organizaciones criminales.

Aumentan los crímenes cometidos por menores de edad; es diario el informe sobre muertos en distintas ciudades y municipios, en el curso de riñas callejeras; no disminuyen sino que aumentan los casos de balas perdidas que, como si se tratara de una maldición, encuentran a los niños como sus principales víctimas; la violencia intrafamiliar se traduce muchas veces en la muerte de uno de los cónyuges o compañeros permanentes, generalmente la mujer; todo ello sin contar con los asesinatos confiados por las mafias o la guerrilla, y aun por particulares en plan de venganza, a sicarios profesionales que, para alarma de la sociedad, provienen de verdaderas escuelas del crimen, y que lo tienen concebido, cada vez en mayor proporción, como su modus vivendi.

Lo más grave es la indolencia de la ciudadanía, que parece haberse acostumbrado a recibir los datos sobre crímenes horrendos sin inmutarse, porque cada cual, desde su punto de vista, estima que lo único importante es su propia protección, sin darse cuenta de que la intolerancia y la pérdida del valor de la vida en nuestro medio nos ubica a todos, sin excepción, en la calidad de potenciales víctimas, si en el país no se procede a una profunda revisión acerca de las causas del comportamiento violento,  y de las medidas de corto, mediano y largo plazo que al respecto deban adoptarse.

Según el artículo 11 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable, y al tenor del artículo 2 ibídem, su protección, en cuanto a todas las personas residentes en Colombia, es la principal función de las autoridades públicas. Empero, los niños  -sin los dejan nacer, porque el aborto se ha convertido en práctica de todos los días, y hasta se invoca como un derecho de la mujer-  se desarrollan en medio de un ambiente violento, en el hogar y en los establecimientos educativos, y es poco lo que se hace en los medios de comunicación por la formación de una conciencia general en favor de la vida como valor y derecho supremo e inalienable.
Colprensa