El próximo 14 de marzo, día de elecciones para el Congreso de la República, los votantes de ocho departamentos de la Costa Atlántica manifestarán a través de las urnas, si quieren o no la creación de una región: la que de tiempo atrás se conoce como “la Región Caribe”, asentada en un área geográfica con marcada identidad cultural y económica, habitada por gentes con características bastante homogéneas y diversas de las del resto del país.

    Se intenta dar, de esta forma, un primer paso -si bien de naturaleza pedagógica y sin efectos jurídicos inmediatos, como sí los tendría una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial- hacia el desarrollo útil de los artículos 306 y 307 de la Carta Constitucional del 91 con los que, en armonía con el artículo 1°, sus redactores pretendieron atemperar la rígida concepción centralista de 1886, que gobernó y sigue haciéndolo desde entonces, caracterizada por la concentración de la dirección del Estado en la mediterránea Bogotá.

    Y es que la concepción descentralizadora de la nueva Constitución Política que busca promover la autonomía de las diferentes regiones que conforman la nación colombiana, lo hace procurando conciliar dos tendencias que han sido antagónicas en el tiempo antes que volver al añoso debate entre centralistas y federalistas en el que nuestros partidos tradicionales basaron su ideología en el siglo XVIII.

    En plenos albores de la independencia, dando origen a los más cruentos enfrentamientos civiles, como los acaecidos entre 1812 y 1816, durante el período bautizado en la historia como ‘La Patria Boba’, que solo concluyó cuando los dos bandos acordaron unir fuerzas contra el enemigo común español.

    O los generados durante la efímera existencia de la Constitución de 1863, conocida como la “Constitución de Rionegro”, de carácter marcadamente federalista.

    De esta manera, un nuevo pensamiento político busca que prevalezca la capacidad decisoria de las regiones sin perjuicio de la autoridad central, con miras a lograr la satisfacción de las verdaderas necesidades locales por sobre el omnímodo poder de la capital en los criterios de asignación del presupuesto nacional, generador de desequilibrio e inequidad y culpable las más de las veces del estancamiento del progreso al aclimatar la idea de una provincia irresponsable, conducida por funcionarios ídem a través de una estructura piramidal y jerarquizada de la administración pública, que equipara a los ciudadanos de todas las regiones con los menores de edad, incapaces de regir su destino y de trazarse sus propios rumbos en los diversos campos.

    Al efecto resulta ilustrativo para nuestro caso, el del llamado ‘Triángulo del Sur’, aplazado por años y durante varios gobiernos, no obstante ser el proyecto más importante en términos del desenvolvimiento agropecuario en Colombia, cercano al principal centro de consumo e indispensable para integrar a la vida económica una comunidad secularmente olvidada y empobrecida.

    O el proyecto de doble calzada Girardot - Ibagué adjudicado a la “pirámide Nule” y por tanto empantanado quién sabe por cuánto tiempo por efecto de la crisis de los contratistas, a pesar de la importancia que tiene para el desarrollo del Tolima y el de la Nación en su conjunto.

    Ojalá la propuesta de la “Región Caribe” alcance una masiva respuesta afirmativa en las urnas que abra por fin el espacio a una deseable ley de equilibrio regional luego de los 18 intentos fallidos al respecto en el Congreso.