El cohecho político

De hecho, es normal que acuerdos políticos entre partidos comprendan participación burocrática para compartir propuestas de gobierno. Así pasa más o menos en todas partes. Hay dos cosas que, esas sí, no son normales: la compra individual de conciencias o votos para quebrar disciplinas partidistas y el reparto de contratos con contratista incluido, conductas que caen en el cohecho político. Tan censurables son que la Constitución del 91, tomando una norma que estaba en la reforma de 1979, estableció la pérdida de investidura para los congresistas por tráfico de influencias que incluye, por ejemplo, obtener o recibir puestos del ejecutivo. Si se aplicara plenamente, antes y ahora, sería la forma más expedita de revocar el Congreso.

El Frente Nacional de un lado frenó la violencia partidista y de otro, significó un pacto de impunidad política y de reparto clientelista del Estado -no se hablaba como ahora de contratos- entre liberales y conservadores. Desde las épocas de Olaya Herrera, existen los “lentejos” -ahora se llaman “enmermelados”- que alquilan su conciencia o su voto, por lo que Jorge Eliecer Gaitán -a quien a veces trata de imitar Petro en el tono de voz- llamaba “las cosas de comer”.

Carlos Lleras Restrepo en su reforma de 1968, con cierta razón, le quitó la iniciativa del gasto público a los congresistas y como caramelo les dio el sueldo anual y la posibilidad de apoyo a empresas útiles o benéficas, germen de los auxilios parlamentarios que se fueron degenerando en partidas de fomento regional, o cupos indicativos que muchas veces negocian entre sí, con la inocente complicidad de los ministros de Hacienda.

Los parlamentarios son inmunes en sus votos u opiniones, pero responden penalmente por cohecho cuando actúan por un intercambio individual de prebendas. Cuando la Corte Suprema de Justicia le abrió proceso penal a los representantes que habían precluido la investigación contra Samper, Vivian Morales interpuso una tutela en la Corte Constitucional que, con ponencia de Carlos Gaviria, tumbó el proceso con la salvedad de que continuaría contra quienes hubieran recibido alguna prebenda.

Al tramitarse la reelección inmediata en 2004, la Corte Suprema condenó a los ministros Pretelt -ex presidente de FENALCO- y Palacio por haberle dado puestos -unas migajas en comparación con lo que ahora se denuncia- a Yidis y Teodolindo por voltear sus votos para facilitar el cambio constitucional. 

Anteriormente, los ministros de la política al estilo de Darío Echandía, convencían con argumentos y eruditas exposiciones ante el Congreso, casi siempre de pie. Después, los hemos visto poco más o menos arrodillados en las curules, sin pronunciar discurso alguno, probablemente invocando la doctrina Sabas, a quien se le debería revisar su condena por el principio de igualdad si vemos los silencios judiciales con las cosas que después pasaron. 

Este intercambio de puestos -y ahora de contratos- por votos parlamentarios se ha facilitado por la desaparición de los partidos de verdad. Se pueden negociar apoyos con un partido y no prebendas al detal como surge de las grabaciones reveladas. Sin separación real de poderes, sin responsabilidad política y sin una justicia eficiente, incluida la del Congreso, es muy difícil parar el “comercio congresional”.

Lo que no puede aceptarse como argumento es que, como ya había pasado, el país no reaccione ahora que se repite esa especie de dañado y punible ayuntamiento en el Congreso y que se adelanta con el concurso eficiente de políticos tradicionales, solo porque se da en el gobierno del “cambio”. Sin que aparezca sesgo político alguno, es la hora de la justicia para volver decente la política.