Actualmente se debate la reforma al sistema de salud. Se llega a este punto por varias razones. La primera es que nunca la salud había recibido tanto dinero, tantos recursos como con el modelo de salud que hoy opera. Una segunda, nunca los servicios de salud habían sido tan deficientes e inhumanos. Mas plata y peor servicio. El meollo del asunto está en la concepción de salud inherente al modelo vigente. Para la ley 100, guía de la salud en Colombia, ella no es un derecho, sino un servicio. Para acceder a un servicio hay que pagar. Ya sea que el Estado pague mediante subsidios buena parte de los costos por los enfermos, ya sea por pagos parciales, es decir con copagos, o que el paciente pague todo o casi todo, por ejemplo, medicina prepagada, régimen contributivo o medicina particular.

El problema central a abordar en esta reforma es definir si lo que se necesita es una modificación en la que la salud siga siendo un negocio rentable o que la salud se entienda y se organice como un derecho fundamental de todos los colombianos bajo la responsabilidad del Estado. Responsabilidad que por ser sobre un derecho fundamental sería indelegable.

Definir el sistema organizacional de la salud como un servicio, es pensar en ganancias, en negocios, en rentabilidad y utilidades. Esta es una decisión política, sin sustento académico ni científico. No obstante, las grandes empresas privadas que se han beneficiado de las ventajas obtenidas en la salud, han financiado estudios e investigaciones académicas para justificar sus negocios, concluyendo que el modelo no se puede modificar, y que hacerlo sería catastrófico. Además, acusan a los que defienden el derecho a la salud, como enemigos del sector privado, vetustos pregonadores de ideologías extrañas, etc., tratando de ocultar una posición política democrática, que pretende defender un derecho de todos así como el ordenamiento jurídico y constitucional del país.

La diferencia fundamental de las dos posiciones es la participación de actores privados que hacen las veces de intermediarios en el sistema, ya sea administrando, gestionando o manejando los recursos financieros y buscando obtener el máximo de utilidad y ganancia. Por eso buscan aumentar los precios de los medicamentos, disminuir o retardar la atención de los pacientes, escalar los recobros de servicios o desviar y apropiarse de los recursos de la salud con fines ajenos a la utilidad pública. La intermediación privada en el sistema de salud es una limitación para el disfrute del derecho a la salud. Si la salud es un negocio para el disfrute de pocos, es por la presencia de verdaderos mercaderes de la muerte que saquean el erario y atentan contra la vida e integridad de la sociedad en general.

El sistema de salud está en crisis  por la presencia de intermediarios privados que han obtenido el máximo de utilidades a costa de millares de pacientes que han visto deteriorar su salud. Sería estúpido pensar que un sistema al servicio de los intermediarios privados, sumergido por ellos en una crisis profunda y aguda, se superará mejorando las ventajas y gabelas para los privados. El estado tiene la obligación constitucional de defender los derechos y los intereses colectivos como el derecho a la salud. ¡No lo olvide!