La justicia es un servicio público. Una democracia, para que sea sólida y estable, necesita una justicia eficiente. 

En Colombia, la creación de la Fiscalía, le entregó al estado la carga de la prueba ante todo litigio penal. Es decir, es el estado el responsable de acusar y aportar las pruebas en contra del presunto violador de la ley.

Una vez reunidas las pruebas, dentro de unos términos fijados de antemano, la Fiscalía ante un juez de la República, acusa por un delito al presunto responsable. Se inicia el juicio y el acusado tiene derecho a su defensa. Para nuestro sistema todo ciudadano se presume inocente. Lo que significa que si la Fiscalía no es capaz de probar que el acusado cometió un delito, el juez debe hacer primar la presunción de inocencia y exonerarlo de cargos. 

Además, como el acusado tiene derecho a defenderse de las acusaciones, puede controvertir todas las pruebas que lo acusan y aportar elementos que solidifiquen su inocencia.

El juicio es una pugna de elementos racionales entre el ente acusador y el acusado y su defensor frente a un juez que debe ser imparcial. Al final del juicio, el juez dictará su sentencia dejando libre al acusado por falta de pruebas o porque probó su inocencia o lo condenará porque sopesando las pruebas considera que es culpable. Las penas están ya establecidas entre unos rangos.

Cuando una persona es condenada no sólo pierde su libertad sino que temporalmente se le restringen sus derechos civiles. Al ser condenado a pena privativa de la libertad, es sustraído del lecho familiar y se le aparta de sus seres queridos, amigos y de la ciudadanía en general. En la cárcel deberá expiar sus culpas. La ley prevé los casos en los que la resocialización del condenado amerita rebajas de penas.

En general, una persona es vencida en juicio y condenada a la cárcel cuando debe pagarle a la sociedad por un delito cometido. En el país está prohibida la cadena perpetua, por lo que todos los castigos tienen límite. La privación de la libertad es un castigo duro, en el que la sociedad castiga a sus ciudadanos que han infringido las normas de convivencia. 

Cuando una persona cumple su castigo y retorna a la libertad, es porque saldó su deuda con la sociedad. Por lo tanto, le devuelven algunos derechos suprimidos y se le invita a retornar a la sociedad como ciudadano de bien, que ya no tiene cuentas pendientes.

Si todo lo anterior es verdad, no entiende uno cómo algunas personas se empecinan en zaherir o sosañar a seres humanos que recobran su libertad después de tristes periodos en la cárcel. Si el que salió de su reclusión está a paz y salvo con la sociedad y la justicia, debe respetársele su derecho a rehacer su vida, a retornar a su hogar y al calor de su familia sin someterlo al escarnio, quizá por odios o rencillas del pasado.

No conozco a muchos de los que han purgado penas en la cárcel. Pero me incomoda que ahora que están libres, después de cumplir con sus obligaciones con la justicia y la sociedad, algunos se dediquen escarbar heridas e inflamar odios con intereses oscuros. Todo ciudadano tiene derecho a recuperar su buen nombre y mantener su honor.