Aunque es muy buena noticia que el Gobierno, acogiendo las recomendaciones de quienes integramos el Congreso de la República, haya desistido de gravar con IVA los productos básicos de la canasta familiar que consumen a diario los colombianos, la denominada Ley de Financiamiento dejó vivo este impuesto a toda la cadena de producción de los agricultores nacionales.
De hecho, esto encarecería las diferentes actividades de los campesinos y empresarios del campo, quienes precisamente producen los alimentos que hoy consumimos los colombianos.
En otras palabras, con el solo hecho de gravar con IVA los fertilizantes, pues inmediatamente se pierde rentabilidad y esto tendría que traducirse al precio final, es decir a los consumidores finales, que en muchos casos son seducidos por ofertas de las grandes superficies que se convirtieron en importadores especializados y que poco les interesa el futuro del campesinado cuando de obtener mejores rentabilidades se trata.
La situación es la siguiente: Los costos de producción de cualquier actividad agrícola tienen que tener en cuenta factores reales e indispensables que deben cancelarse como asistencia técnica, preparación de la tierra, siembra, riego, fertilización, control de maleza, plagas o enfermedades, así como recolección y transporte de los alimentos.
Pues bien, la mala noticia para los cultivadores es que estos valores contendrían el Impuesto de Valor Agregado en cada uno de estos ítems. Si tomamos como ejemplo el caso de los arroceros del centro del país (Tolima y Huila), el costo por hectárea aumentaría unos 899 mil pesos, al pasar de 6 millones 876 mil pesos a 7 millones 776 mil pesos.
Ahora bien, teniendo en cuenta todas las zonas productoras del cereal, el promedio nacional a pagar giraría alrededor de 816 mil pesos (Ha). Para los arroceros es claro que por este concepto, y haciendo un cálculo de todas las áreas sembradas en promedio año (2017), tendrían que cancelar la ‘bobadita’ de 134 mil millones de pesos por obra y gracia del IVA, adicional a los demás costos fijos de producción y el pago de mano de obra.
Sin duda, esto pone en serios problemas económicos y de rentabilidad a los productores de arroz, quienes tienen que estar sujetos a los precios que les paguen los molineros por sus cosechas y que siguen amenazados por los acuerdos comerciales que autorizan importaciones procedentes de CAN y el TLC con Estados Unidos. No hay que olvidar que este cereal se siembra en 21 departamentos y 217 municipios, además de tener una influencia directa en el empleo de 420 mil colombianos.
El peligro de la Reforma Tributaria se concentra entonces en las cadenas de producción agropecuaria, pues si bien se toma como ejemplo este cereal, algo similar ocurriría en todos los cultivos semestrales y/o anuales de la Nación. Solamente la compra y aplicación de fertilizantes tiene un incremento de 238 mil pesos por hectárea, algo que resta toda competitividad y que desanima a cualquier cultivador, independientemente de su ubicación geográfica o apuesta productiva.
En términos generales, este negro nubarrón tributario sigue amenazando la producción agropecuaria, pues desestimula las siembras, incrementa los gastos de los cultivadores y terminaría influyendo negativamente en los ciclos productivos, en donde el primer sacrificado sería la economía de los municipios, cuya ocupación y supervivencia está soportada en la agricultura.
Coletilla: De la Reforma Tributaria tampoco se salvan los servicios funerarios, algo realmente incómodo para las familias que deben atravesar el difícil momento de despedir a un ser querido.
Senador
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