Cuando uno observa las protestas de los jóvenes universitarios, como la del pasado miércoles, lo asaltan otras inquietudes. ¿Está generando el país en los sectores público y privado la suficiente demanda laboral para ofrecer puestos de trabajo a los nuevos graduados? ¿En qué se van a ocupar estos muchachos y cuándo se van a pensionar con base en el modelo actual? ¿El tema central de esta crisis es solamente el aumento de recursos desde el Presupuesto de la Nación? ¿El modelo educativo de la universidad pública es sostenible o debe replantearse?
Actualmente el crecimiento económico anual es insuficiente para absorber laboralmente a todos los nuevos profesionales, además hay saturación de algunas carreras por lo que a la hora de competir por un cargo hay mayor número de interesados versus las vacantes disponibles. Si queremos que muchos estudiantes no terminen manejando un taxi o abriendo una venta de zapatillas y camisetas por internet, tanto las universidades como el Gobierno deben apostarle a estimular profesiones que verdaderamente hagan parte de las apuestas productivas de la Nación en los próximos 30 o 40 años, a modernizar los currículos existentes, a desarrollar ciencia y tecnología desde las aulas, a crear unas mentalidades empresariales y sobre todo a crear soluciones concretas a problemas reales. El modelo de la educación superior tendrá que pensarse en términos de acceso real (especialmente para los estratos 1 y 2), alianzas público – privadas, productividad, eficiencia, transparencia y competitividad.
Sin embargo, esto no puede hacerse sin recursos. Aunque el Gobierno nacional hace un enorme esfuerzo en otorgar 500 mil millones de pesos del presupuesto a partir de 2019, es muy posible que estos dineros terminen siendo absorbidos en cubrir gastos administrativos y pago de docentes, y que las verdaderas necesidades en materia de inversión no sean cubiertas.
Sería importante comenzar por modificar la Ley 30 para que los aportes sean a partir del IPC más 4.5 por ciento anual, pero no desde 2022, sino desde el próximo año, porque lo urgente aquí es evitar que el hueco de 15 billones de estas entidades siga creciendo y que se cuente con una política de descentralización y obtención de recursos orientados a mejorar su infraestructura, compra de equipos y avanzar en líneas de investigación más asertivas.
En este punto es evidente que el esquema actual de la educación pública no es coherente frente a los retos del país y me refiero desde el colegio, pasando por Instituciones Técnicas y Tecnológicas hasta llegar a la Universidad, porque primero se debe establecer un nuevo modelo sostenible con las proyecciones y apuestas sociales, productivas y económicas de la regiones y del conjunto nacional, que soporte una visión de desarrollo en el mediano y largo plazo, y segundo, porque los recursos del Estado deben orientarse estratégicamente para que se cumplan indicadores de mejoramiento educativo, infraestructura y metas de calidad. Abramos la discusión sin apasionamientos ideológicos de derecha o de izquierda y evitemos los desmanes que afecten el orden público.
Sin duda, el mayúsculo problema en el que estamos inmersos hoy es que el Gobierno habla un idioma y otro la educación pública superior. Son dos visiones enfrentadas por años en su lenguaje e interpretación de la realidad, por lo que resulta urgente el diálogo, el encuentro racional, mesurado y sincero entre ambos. Este es el clásico enfrentamiento entre el padre distante y el hijo rebelde. Creo que es hora de comenzar a superar esa barrera histórica, ojalá así lo entienda el presidente Duque, los maestros y los estudiantes, por el bien de la educación de Colombia.
Senador
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