Muy positiva fue la reunión que sostuvimos con el Comité de Gremios del Tolima el pasado 18 de febrero en la Cámara de Comercio de Ibagué. Se nota una enorme voluntad para que los sectores privados y público, y academia, construyamos conjuntamente una agenda propositiva por el empleo y la inversión para la ciudad y la región.
Uno de los aspectos en los que concordamos los asistentes es en la necesidad de establecer una agenda de crecimiento y desarrollo, y mantener la unidad como territorio en la discusión y aprobación del actual Plan Nacional de Desarrollo. Los 1.100 billones de pesos anunciados por el presidente Iván Duque resulta una cifra significativa, pero es evidente que la competencia por estos recursos en el Congreso y desde los espacios gremiales y sociales será complejo, por la enorme influencia que tienen otros departamentos que generalmente se quedan con las mejores raciones de este presupuesto. La lección histórica es evidente y en esta ocasión existe la voluntad para obtener los mejores réditos posibles para el Tolima.
Dentro de los aspectos tratados y con los cuales estoy identificado está la recuperación de la Zona Franca para Ibagué, la estimulación de la inversión y combatir el desempleo. El principal interés es recuperar el atractivo inversionista, ya que actualmente no hay facilidades ni apoyo a las iniciativas privadas. La inestabilidad jurídica que acusa la ciudad y el cambio permanente en las reglas de juego bloquean cualquier propuesta generadora de desarrollo. Impuestos como el Predial, la tarifa de alumbrado público y Reteica requieren un techo.
En el caso de la informalidad, que supera el 60 por ciento, es hora de contar con una política de formalización que le permita a la población tener garantías y acceso al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales. La estructura económica de la capital sigue falsamente cimentada en la informalidad, dependiendo en parte de las pensiones de la población más adulta y del impacto de las remesas. Bases de crecimientos basados en la industrialización y los servicios especializados son siempre limitados, de corto plazo y en los últimos años inexistentes. El objetivo gremial es claro entonces: Mejorar el clima de inversión y consolidar un proceso de estabilidad jurídica que redunde en la generación de nuevos puestos de trabajo.
Para el caso de los municipios, resulta procedente revisar el programa Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), ya que es evidente que los beneficios tributarios deberían establecerse pero desde el momento en que se crea la empresa y no desde 2017, año de entrada en vigencia de la iniciativa gubernamental.
Aunque este proceso pretende tener un alto impacto y generar nexos directos entre privados y comunidades rurales, el Estado aún está en la obligación de garantizar en estas zonas mejor acceso a servicios públicos y vías, pues el deterioro en la infraestructura y los problemas de acceso golpean el ánimo privado a la hora de usar este beneficio o de generar empleo en estos municipios afectados por el conflicto armado. El denominado Zomac tendría que ser visto, sin revanchismos políticos o polarizaciones de izquierda o derecha, en la oportunidad que tiene el país de cerrar la brecha que ha existido entre el sector productivo y el ámbito campesino y rural, pero es el Gobierno nacional el que debería tender estos puentes y establecer una política más amplia de intervención y de garantías impositivas para el mediano y largo plazo. Este es el momento de hacerlo.
Por ahora continuamos reuniéndonos con los gremios de la producción para seguir diseñando la estrategia que nos permita fortalecer nuestras instituciones, estimular la inversión, bajar los índices de desocupación, detener el éxodo de las empresas y mejorar el recurso humano del Tolima.
Comentarios