La Corte Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de garantizar la permanencia y dar seguridad jurídica a buena parte del sector textil-confecciones, es decir a todo un entramado productivo, laboral y comercial, compuesto por más de 60 mil pequeñas y medianas empresas manufactureras que sostienen más un millón 800 mil empleos directos e indirectos en todo el país. El derecho al trabajo y la defensa de la producción nacional son aspectos fundamentales que los honorables magistrados deberían tener en cuenta para tomar una decisión de fondo y no solo de forma.
En efecto, para gremios como Analdex, Andi y Fenalco resultó escandaloso que en el Congreso se aprobaran los artículos 274 y 275 dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en los que se establece un arancel de 37.9% a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas y un arancel de 10% ad valorem, más tres dólares por kilo importado a partir de los 20 dólares kilo, por lo cual radicaron una demanda que fue admitida por el alto tribunal.
No solo extraña que los gremios prefieran proteger la industria de China, Bangladesh y Vietnam, en donde los salarios son de hambre, sino que por encima de cualquier cálculo sirvan de lacayos de 42 compañías, seguramente afiliados suyos, que tienen monopolizadas las importaciones de prendas, con el argumento pueril de que los precios al consumidor se van a disparar en un 25%. Seguramente perder parte de un mercado superior a los 700 millones de dólares anuales en Colombia sí les preocupa bastante y no tanto el bolsillo de los compradores.
Pero aún más sorprendente es la posición que asumió el Ministerio de Hacienda a favor de los argumentos de los importadores y sus representantes gremiales, en lo que, con todo el respeto, me parece, existe un ‘bullying’ descarado, injustificado y grosero contra los empresarios de las confecciones, quienes pagan salarios e impuestos en Colombia y no en los países asiáticos.
Efectivamente, el 18 de julio, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, también demandó ante la Corte Constitucional los artículos 274 y 275, ley 1955 (PND), argumentando su inconstitucionalidad y alegando que el poder Legislativo invadió potestades propias del Ejecutivo en cuanto a aranceles y la política de comercio exterior.
En otras palabras, los confeccionistas, por querer defender legítimamente su actividad productiva, terminaron enfrentados al enorme peso económico de los gremios y a la autoridad que representa una de las carteras más determinantes dentro del actual Gobierno, como es Hacienda y Crédito público. ¿Tanto es el poder y la influencia de estos importadores, almacenes de superficies y cadenas, como para sacrificar a los pequeños y medianos empresarios colombianos que dependen de esta actividad? ¿Qué piensa el presidente Iván Duque, que fue apoyado por esta industria y en quien los empresarios colombianos tienen puesta su esperanza para que repunte el empleo y se retome la senda de crecimiento?
Seguramente, algún lector repondrá que los decretos en cuestión están vigentes, a lo que habrá que recordar que esto se hizo solo hasta el pasado 6 de agosto, cuando llevaban tres meses ‘archivados’ y se estima que tendrían validez plena en tres meses más. Es claro que se tomaron los seis meses para garantizar el negocio a los influyentes importadores y dar tiempo si sus argumentos son tomados en cuenta por la Corte Constitucional, en donde con enormes baterías jurídicas seguramente intentarán tumbar los artículos 274 y 275 del PND.
Infortunadamente este es hoy el escenario que enfrentan estos empresarios, así desde el Congreso se pretenda y legisle por su protección y la de sus trabajadores. De hecho, el cierre de CP Company en Ibagué es una pésima noticia para toda la rama confeccionista en el país.
Precisamente, en medio de este escenario, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCC y A) convocó a una Marcha Nacional por el Empleo este 22 de agosto. Con todo gusto la respaldo y acompaño.
Ojalá la Corte Constitucional sea equitativa y su fallo tenga los postulados de la justicia social y el equilibrio económico.
Senador
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