Una esperanzadora y positiva noticia recibieron los departamentos y municipios del país el miércoles anterior. Se trata de la aprobación de la Reforma al Sistema General de Regalías (SGR) que duplica los montos, amplía el acceso y garantiza la distribución de estos recursos provenientes del petróleo y otras fuentes de energía en el orden nacional. Estamos hablando de recursos globales del orden de los 34 billones de pesos para un bienio, de los cuales 27 billones, incluida la administración, son distribuidos para inversión pública de toda la Nación, según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación.
En este caso, el ambiente en el Congreso es constructivo para la conciliación del proyecto en ambas cámaras y lo más probable es que haya disponibilidad de estos recursos desde 2020. La propuesta dice que las regiones productoras recibirán un 25% del total del presupuesto de regalías, cuando la cifra era del 11%. En este entendido, un 5% de este porcentaje irá de manera exclusiva a los entes territoriales que sean productores. Adicionalmente, se estableció que el 10% de las regalías sean orientadas a ciencia y tecnología.
Capítulo aparte, por novedoso y acertado, fue la aprobación de un rubro especial dirigido a conservar áreas ambientales y proteger los ecosistemas de la deforestación que sería del 1%. Es la primera vez que hay un ítem específico para medio ambiente. Esta es la oportunidad perfecta para entrar a definir territorialmente las políticas de protección del agua, los páramos, los bosques, los ríos y de las selvas, especialmente la Amazonía colombiana, mucho más ahora que el país ha comenzado a sufrir los embates colaterales del cambio climático.
También, los municipios con indicadores negativos en Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), pasarán a disponer el 15% de las regalías, lo que, sin duda, apunta a disminuir las brechas de la desigualdad, en especial en las zonas más alejadas del territorio. En Colombia se estima que unos 700 municipios están clasificados en categoría Sexta.
La paz, otro aspecto fundamental para la Nación, obtendrá un 7% del presupuesto, lo que exige que los programas de intervención en las zonas que fueron bastiones del conflicto cuenten con procesos de adecuación de sus infraestructuras básicas, como son servicios públicos, educación, salud y especialmente vías de acceso. Esto resulta especialmente atractivo para los municipios del Sur del Tolima, pues se garantiza que presupuestalmente se seguirá avanzando en los planes de recuperación y modernización de este territorio.
En este contexto legislativo y para evitar que los recursos del SGR sean dilapidados, el próximo año el Ministerio de Minas y desde el Congreso mismo, esperamos avanzar en una ley que permita no solo el uso más ágil de los dineros, sino que sean blindados de la corrupción. Por esto, se hace perentorio fortalecer los procesos de fiscalización para que los recursos no se embolaten y haya una más estricta vigilancia desde los procesos mismos, de los estudios, exploración y explotación de los nuevos proyectos relacionados con fuentes no renovables, siempre y cuando estos no perjudiquen la convivencia de los municipios ni los activos ambientales.
El reto será consolidar un mecanismo que garantice la eficiencia y la transparencia para que sean visibles y reales los usos y procesos de inversión y desarrollo para las regiones.
No hay duda, este es el momento para que los alcaldes y gobernadores electos comienzan a pensar la manera en que diligenciarán, estructurarán y gestionarán obras de impacto para sus comunidades, pues este es un importante salvavidas para reducir la pobreza, ampliar la infraestructura regional y disminuir el desequilibrio social con mayor inversión pública, lo que redundaría en mejor calidad de vida, proyectos de inversión, superar las deficiencias en educación y generar empleos directos e indirectos, aspectos que por estos días el país reclama con urgencia.
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