Como colombiano y senador siempre respetaré y acataré las decisiones de las altas cortes del país, pero eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con todas sus expresiones, especialmente me refiero al fallo de la Corte Constitucional que tumbó los artículos 274 y 275 aprobados por el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo, dándole razón a la demanda interpuesta por algunos de los denominados gremios económicos.
La iniciativa en el Congreso surgió para proteger la industria nacional y un millón 800 mil empleos de los nocivos efectos que dejan las importaciones provenientes de China y del mercado asiático en general en contra del empleo de la Nación. Los artículos establecían que los importadores deberían pagar un impuesto de 37,9% a las confecciones que valieran menos de US$20 el kilo, así como cancelar el 10% ‘ad valorem’, más US$3 por kilogramo bruto de prendas.
Para sorpresa de los confeccionistas nacionales y del mismo Congreso la mayor oposición que se enfrentó en este proceso provino del Viceministerio de Hacienda, que argumentó la inconstitucionalidad del articulado y que alegó que el poder Legislativo invadió potestades propias del Ejecutivo en cuanto a aranceles y la política de comercio exterior. Tampoco se conoció de alguna propuesta alterna por parte de la Hacienda pública para proteger este sector de la economía, que por cierto paga los impuestos exigidos por la Dian, aportando así al fisco y cumple además con las obligaciones en cuanto a seguridad social.
Igualmente, gremios económicos como Analdex, Fenalco y Andi, terminaron defendiendo a ultranza a los importadores, es decir a las compañías transnacionales que actúan como cadenas de comercialización y/o grandes superficies con operación en el país y que precisamente mueven más de 700 millones de dólares al año en el mercado colombiano, gracias a que compran muy barato en los países asiáticos y pueden introducir estas mercancías a través de sus redes de distribución hasta llegar a los formatos de los grandes almacenes.
Por ello, aquel argumento de defensa del consumidor, por cuanto quisieron convencer a la opinión pública que los precios al consumidor se iban a disparar en un 25 por ciento, resultaba falaz e inverosímil, pues lo que protegen estas 42 compañías es un negocio muy grande, cómodo y rentable, a costa del futuro de los trabajadores de la cadena confeccionista.
En palabras concretas y con base en esta decisión de la Corte Constitucional, se puede afirmar que se asestó una contundente bofetada a la manufactura y la industria nacional. ¿Qué clase de gremios son aquellos que se rasgan sus vestiduras por el empleo asiático, que defienden a ultranza los intereses de estas cadenas y que envían un mensaje negativo en contra de la ocupación laboral que representan estas empresas de origen colombiano, muchas de ellas, microempresas o famiempresas? Este escenario negativo pone entre las cuerdas a nuestros empresarios, quienes pueden pensar que sus actividades no son representativas ni tienen las garantías operacionales para continuar con sus unidades de negocios o emprendimientos.
Es más, si miramos el contexto global, Estados Unidos, México, la Unión Europea, Brasil y otras economías influyentes tienen fuertes políticas arancelarias para defender todas sus cadenas productivas, de bienes y servicios, ¿por qué no hacemos lo mismo en Colombia? Resulta inadmisible la apatía, indiferencia y la falta de garantías con nuestros generadores de empleo por parte de las políticas gubernamentales y especialmente el egoísmo de los gremios que solo obedecen a intereses particulares.
Creo que desde el Congreso se hizo la tarea y se interpretó el sentir y el requerimiento puntual de proteger esta actividad de los vaivenes del comercio mundial y en ese sentido me uno a la solicitud de la Cámara de la Confección y Afines, para solicitarle al presidente Iván Duque que expida un decreto que deje en firme lo propuesto en los artículos 274 y 275 del PND.
Es imprescindible por parte del Gobierno nacional asumir una posición, ojalá en favor de estas actividades, y se garantice la justicia social y el equilibrio económico para la manufactura nacional en un contexto en que el desempleo no cede, la crisis social no se ha disipado y en donde se requiere sostener el crecimiento de la economía.
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