¿Y la política pública de mujer?

Este fenómeno ha sido legitimado históricamente por diferentes imaginarios, representaciones sociales y prácticas que se han reproducido de generación en generación y se han instalado fuertemente en la cultura diaria en Colombia, en el Tolima y en Ibagué.

Solo por citar un ejemplo, cuando una mujer es golpeada, con frecuencia se escuchan afirmaciones que justifican este hecho, diciéndole que usted lo provocó, que usted dijo esto o aquello, lo que en definitiva tiende a generar duda sobre la posible responsabilidad de ella. Ni que hablar cuando se trata del asesinato de una mujer, pues los mal llamados “crímenes pasionales” tuvieron como excusa, en el pasado, un arrebato de celos del compañero de la víctima, “legitimando” un derecho de propiedad sobre el cuerpo y la vida de su pareja ante la sociedad.

Sin embargo, el restablecimiento pleno de los derechos de la mujer requiere una política pública clara, concreta y ejecutable, que a la vez cuente con los recursos necesarios para lograr, en un lapso de tiempo, que esperamos –y siempre lo decimos, pero así lo anhelamos-, no sea muy largo, en el restablecimiento pleno de los derechos de la mujer, específicamente en esa garantía a no ser violentada por su pareja o por otro miembro de su familia o de la sociedad.

En Ibagué tenemos el Acuerdo Municipal No. 004 de 2014, que tiene como objetivo lograr la igualdad en oportunidades para la mujer ibaguereña, esto incluye tanto el desarrollo económico y social en condiciones de equidad, vida digna y paz. Pero, ¿se cumple? Tal vez, me atrevo a decir que estamos en deuda frente a nuestras mujeres en satisfacer esa demanda ciudadana para resolver un problema que se ha constituido como público, -así la violencia se dé en la casa- que moviliza ciudadanos en representación de unas mujeres oprimidas, violentadas, amenazadas o silenciadas. ¡Necesitamos una Política Pública! Y que ahora no nos digan que el Acuerdo Municipal No. 004 de 2014 lo es.

Como si fuera poca la violencia que a veces deben sufrir algunas de nuestras mujeres, sumémosle el hecho del aislamiento social obligatorio, que las mantiene confinadas en sus casa con su agresor, ya nos han dicho que las cifras han aumentado y sí, en los tres primeros meses del año, en cifras de la Policía Nacional, tenemos un aumento del 24% en comparación con el mismo trimestre del año 2019, siendo este último el año con más casos registrados desde el 2015. ¡Difícil!

Esto podría resultar lógico en una sociedad machista, pero aquí no se trata de un problema cuantitativo, este es un tema de grueso calado, que nos debe llevar a tener que implementar medidas efectivas para contener la violencia, si, lamentable, pero como lo leen, contenerla en esta época de crisis, porque erradicarla requiere un mayor esfuerzo institucional, cultural y social.

Esas medidas de contención de la violencia de género requieren de acciones concretas encaminadas, por un lado a la prohibición de venta y distribución de licor en la ciudad mientras dura el aislamiento, ya la presidenta de la red de mujeres de Ibagué hizo esta misma petición y, claro, como no, si es que el consumo de bebidas embriagantes aumenta la violencia en general y ni qué decir de la intrafamiliar, recordemos que paradójicamente el fin de semana que se conmemora el día de la madre es uno de los más violentos del año.

Por otro lado, más importante aún, que la Administración Municipal y Departamental pongan a disposición de las mujeres de Ibagué y el Tolima, las casas refugio, lugares a donde puedan ser trasladadas cuando son víctimas de violencia física, sexual, psicológica o económica por parte de su pareja, porque nada más regresivo e inhumano que obligar, en pleno aislamiento, a tener que convivir con su agresor, porque sino para dónde “agarran”. Estamos en mora, porque estas casas refugio deben existir de forma ininterrumpida todos los días del año, porque la violencia no distingue trámites burocráticos.

Así que, no puede olvidar la administración pública que necesita convertirse en verdaderos diseñadores, evaluadores y ejecutores de políticas públicas, que nos permita, en este caso puntual, en un periodo de tiempo, evaluar si ha sido suficiente, si hemos cumplido con el objetivo y si en definitiva somos capaces de restablecer el derecho humano de las mujeres.