¡Llegaron los recibos!

Me niego a creer que ese sea el principio bajo el cual se ha legislado y se han reglamentado, de tiempo atrás, los derechos de rango constitucional en nuestro país, desconociendo que Colombia es un Estado Social de Derecho, que implica asumir una serie de acciones encaminadas a cumplir con su fin de asistencia social, salvaguardia de derechos y libertades, así como el aseguramiento de las condiciones mínimas vitales para la subsistencia de sus ciudadanos, todo esto con un sometimiento y respeto a la Constitución y la ley.

Después de un poco más de dos meses de aislamiento social obligatorio, la “romantización” de la cuarentena se ve desgastada por el uso, el abuso y la carencia de recursos, que lleva a las personas a dejar sus viviendas y salir a trabajar, pero ¿cómo no?, si lo mínimo que se requiere para estar en la casa es comida y servicios públicos y, en muchos casos, ni lo uno ni lo otro.

Si revisamos la Ley 142 de 1994, ley de servicios públicos domiciliarios, encontramos, entre otros, dos fines de intervención del Estado en esta materia: i) asegurar la libre competencia, encaminada a la eficiencia del mercado y, ii) establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con la equidad y la solidaridad.

De esta manera, por un lado, opera un régimen que debería garantizar que los servicios públicos sean accesibles, en igualdad de condiciones, a todos los habitantes del país, independientemente de su nivel socioeconómico y su ubicación geográfica y, por el otro, que cuando los fines del mercado entren en conflicto con los fines sociales, el Estado debe intervenir para corregir esta situación, lo que en últimas implica un equilibrio que hace efectivo el goce del derecho.

Pero los servicios públicos resultaron ser la espada de Damocles de los ciudadanos, donde, en plena crisis económica y social generada por el Covid-19, azotan a las personas con cobros elevados, arrojando, en este tiempo de necesidad, a una inmensa mayoría de personas a la calle a reclamar y ponerse en riesgo, para pedir, lo que en justicia deberían recibir, un cobro acorde al consumo y a la realidad económica y social del país.

No puede, entonces convertirse la cuarentena en un privilegio para unos pocos y una amenaza de un peligro para otros, esto requiere la intervención urgente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de las Comisiones de Regulación, porque definitivamente, y por lo menos de manera transitoria, hay que garantizar más equidad y menos mercado a la prestación de un servicio público esencial como garantía mínima vital para cualquier ser humano.