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No es un asunto menor, según cifras de Fedesarrollo, para el año 2019, aproximadamente 140 mil colombianos trabajaban con plataformas digitales de movilidad, a hoy, se estima que esa cifra ya pasa las 250 mil personas, un tema en el que está el gobierno en mora de definir, donde ya se está convirtiendo en un conflicto social a gran escala. La regulación o no, de la prestación del servicio de pasajeros a través de plataformas de movilidad es del resorte nacional y hay que dejárselo a ellos –claro está, advirtiendo los riesgos de la no definición del asunto, pero mientras tanto, las autoridades locales deben aplicar las sanciones correspondientes a quienes irrespeten la ley, esto sí es competencia del municipio.
Pero este, el del transporte ilegal no es el único asunto que debería preocuparle a la Administración municipal y al Gobierno nacional, pues la seguridad vial en Colombia, en general y el de la ciudad en particular debería estar en primer orden de acciones a implementar para superar los hechos que, a diario, vemos en la ciudad, como el que ocasionó el paro de taxistas. En el país, la evasión de la Revisión Técnico Mecánica, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT-, es del 61 % en motocicletas, 34 % en vehículos particulares y de 6 % en el servicio público y, de acuerdo a las cifras de Fasecolda, la evasión del Soat es del 47 %, una clara cultura de ilegalidad que pone en riesgo a todas y todos, mientras las autoridades miran para otro lado. Pero continuando con la seguridad vial, también es importante revisar el estado de la malla vial, que en términos generales anda en mal estado (esto sin contar con el sector rural) y ni qué decir del estado de la red semafórica local, donde, a propósito, en el mes de abril del presente año hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, solicitándole a la Alcaldía de Ibagué, que al finalizar el mes de julio, toda la red de semáforos debería tener activos los sistemas de audio para garantizar los derechos de las personas con discapacidad visual, luego de 22 días de vencido el plazo, ¿en qué va el cumplimiento de este fallo? Hace pocas semanas, en este mismo espacio señalé el problema que tiene la ciudad por lo inoperativa que es la Secretaría de Movilidad, dedicada más a trámites que a pensar las políticas públicas necesarias para la gestión del tránsito y el transporte local y, eso, incluye la seguridad vial y la legalidad de todos los actores viales, donde hay un claro retraso en la implementación de controles por parte de la autoridad.
@camiloossa10
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