El panorama de los pueblos indígenas en Colombia no es el mejor de los posibles, han estado presentes en todas las luchas posibles y sobra decir las que vienen. La primera y más sanguinaria la pérdida, desplazamiento y negación de sus territorios (desde la invasión del conquistador y la historia positiva de la conquista el ser indígena fue sinónimo de salvajismo, miseria y pobreza en estas tierras). La segunda, la política de un Estado que premia la concertación de la tierra y busca la desintegración de los resguardos, algo muy evidente en los gobiernos en especial la era de Uribe I-II que tacho como “guerrilleros a los indígenas del Cauca” con respecto a la toma de tierras y en particular lo que sucedió en la finca La María, una novela de nunca olvidar. La tercera, la cuestión politiquera y corrupta con que se han utilizado las juntas de acción comunal, haciendo que los pueblos más deprimidos se debiliten el seno, la unidad y la fuerza de lo indígena frente a la distribución del famoso embrollo del sistema de participación, una forma más de ejercer un colonialismo hacia las comunidades.
La tierra de Macondo le pasa cómo la famosa experiencia de la hojarasca, hasta cuando no caiga la primera hoja al suelo nunca se sabrá para dónde va el agua que lleva al molino. No es para más cuando precisamos un proceso de paz que lentamente incorpora actores y a los indígenas no les consulta de forma estratégica temas como la seguridad, la justicia, la autonomía territorial y el modelo de desarrollo político- económico que requiere el país en medio de tantas problemáticas.
En efecto, el pasado 9 de agosto, fue una fecha de gran importancia en el escenario internacional y nacional, las distintas organizaciones sociales, colectivas y comunidades indígenas, no – indígenas, mestizas, sociedad civil entre otras. Se manifestaron para exigirle al gobierno de Santos el pago de una deuda histórica, una desde que el movimiento indígena en los años 80 demandaba por ser legitimando/reconocido como actores – políticos dignos de la lucha y contienda por construir otro país.
Una visión que hacía contrapié a la política indigenista, que siempre intento demostrar que los indígenas deseaban hacer una “patria chiquita” sencillamente una creación de las élites y los grupos hegemónicos del país, pero en especial se convierte en el momento para resignificar la lucha de indígenas como Manuel Quintín Lame, Juan Tama, Álvaro Ulcué Chocué, las mujeres Lamistas entre otros.
Lo que implica, la necesidad de buscar garantías para la auto-determinación de las prácticas políticas, la necesidad de superar la violación de los derechos humanos en los territorios indígenas, la negación de espacios comunitarios para ejercer formas de organización propias pero en especial el abandono estatal que presencian estas regiones, las cuales viven en medio de la especulación, difamación, discriminación e indofobia por parte de los medios de comunicación, la clase política tradicional en particular los grupos sociales que ven con aspecto negativo la condición de “ser indígena”.
En estas circunstancias tan complejas que vive la cultura política colombiano, sería justo volver a pensar y reflexionar ¿cuál es la deuda histórica de la sociedad con los indígenas? ¿En qué ha fallado las instituciones? Y ¿hasta dónde seguirá presente la exclusión, la discriminación y la persecución contra los pueblos indígenas? En el Tolima, la realidad toma mayor sentido el heroico, batallador y luchador Pueblo Pijao que perdió su lengua, sufrió el padecimiento de las élites locales y si fuera poco estuvo sometido a los interese colonialistas de la corona que violentó su cultural, raza, religión, política y formas originarias de convivir en comunidad hasta haciéndoles creer que eran salvajes por naturaleza.
En últimas, el llamado que realizan las comunidades indígenas del Sur del Tolima (pueblo Pijao), y en especial las de Chaparral que declaran lo siguiente: “En lo que concierne al municipio de Chaparral, Tolima, somos 11 comunidades indígenas pertenecientes a la etnia Pijao como son: Seborucos, Aguas Clarasa, Comunidad Indígena Yaguara etnia Pijao, Ivanaska, Lemayá de Calarma, Matora de Maito, Cimarrona Alta, Locomboo, Río Negro Hermosas, Amoyá la Virginia, El Escobal y Cañón de Amoyá; las cuales están dentro de los pueblos que se encuentran en peligro de exterminio físico y cultural como lo reconoce la propia Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y el Auto 004 de 2009, a través del cual ordenó al Gobierno Nacional la construcción de Planes de Salvaguarda para evitar su desaparición”.
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