A pesar que el Papa Francisco se opusiera tres días antes a la medida y que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), la señalaran como violatoria de los tratados internacionales contra la droga, en particular de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Uruguay, uno de los países más pequeños de Suramérica, será el primero después de 50 años de debates en legalizar el cultivo, la comercialización y el consumo de marihuana. 

Su Presidente, el exguerrillero de 78 años, José Mujica, ha sido un defensor de la iniciativa al justificarla como una medida reguladora de un mercado hasta el momento clandestino y que para efectos de un mejor control debe estar completamente visible. Una medida frente a la que el 63 por ciento de los ciudadanos está en contra y sólo un 23.5 por ciento de acuerdo. 

Esta iniciativa de Uruguay es completamente novedosa en la región considerando que ni siquiera en un país como Estados Unidos, donde la mayoría de los estadounidenses está a favor de la legalización de la marihuana, ningún Gobernador o Senador está dispuesto a apoyarla públicamente.

Ethan Nadelman, director la ONG Drug Policy Alliance, expresó que sin duda alguna la medida tomada por Uruguay implica un viraje en el debate sobre las drogas y representa un modelo de madurez y responsabilidad de un gobierno frente a un tema candente como éste.

Experiencias internacionales sirven de referencia en este momento para mirar la iniciativa uruguaya: a partir de 2001 Portugal fue el primer país europeo que oficialmente abolió las penas criminales para personas en posesión de drogas, incluida la marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. 

El tratamiento penal a este tipo de casos fue cambiado por una sanción para quien porte una dosis mayor a la permitida, pues se le considera en posesión para la venta. Su consumo no está permitido.

En Holanda, a pesar de no estar legalizada la marihuana, su consumo es permitido en lugares llamados “coffee shops” que desde 1979 cuentan con licencia para vender libremente un máximo de cinco gramos por persona pero con la condición de tener ninguno de estos locales más de 500 gramos en stock; sin embargo, su cultivo y comercialización está prohibida. 

En Corea del Norte ni la marihuana ni el opio son consideradas drogas por lo que su venta y consumo no están penalizados; y en Estados Unidos, aunque la posesión y el suministro de marihuana son delitos criminales bajo la Ley Federal, los estados de Colorado y Washington aprobaron su legalización.

El controvertido proyecto uruguayo en este caso pretende legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana y crear un ente estatal encargado de emitir licencias y controlar la producción y la distribución. Esto significa que los consumidores deberán inscribirse previamente en los listados del gobierno para poder comprar hasta un máximo de 40 gramos por mes o podrán también cultivarla en su casa hasta un número de seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.

¿Qué queda para pensar sobre el tema? ¿funcionará este tipo de regulación? Aún no puede saberse si el costo-beneficio de esta medida tendrá un impacto positivo en Uruguay, de lo que sí puede hablarse es que cada vez el debate frente al fenómeno de las drogas asume matices más arriesgados y abiertos y que es sintomático de la, cada vez más, debilitada mirada moralista, tradicional y prohibicionista que ha reinado por tanto tiempo.