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Si bien el Presidente de la República siempre será sujeto de escrutinio público y tendrá que lidiar con opositores y opinadores que no comparten sus políticas, hasta donde recuerdo nunca se había visto que funcionarios del nivel del Fiscal General y la Procuradora General, le salieran al ruedo a controvertir, cuestionar y hasta condenar las decisiones y posturas de la primera autoridad del país.
Lo actuado por el Fiscal Barbosa en los últimos días es una verdadera afrenta a la institucionalidad y el régimen presidencialista fundacional de nuestra República. No digo que un alto funcionario no pueda manifestar opiniones dispares y objetar asuntos que considere de su competencia, pero llegar al punto de salir públicamente a tildar al Presidente de “dictador”, insinuar que pretende “dinamitar” las instituciones para hacerse a un control absoluto y, peor aún, buscar asociarlo con el crimen y el hampa al decir que sacara a su familia del país porque teme por sus vidas, no solo es un despropósito de grandes dimensiones, sino que es plena prueba de estar decidido a retar y desafiar de aquí en adelante, en todo lo que se le antoje, a la máxima autoridad de la Nación.
Lo dicho por el Presidente en España, que incluso al día siguiente corrigió al reiterar su absoluto respeto por la separación de poderes, no daba para semejante show. Queda la sensación que el Fiscal si aprovechó la ligereza del Presidente para tender una cortina de humo para evadir la respuesta a una denuncia gravísima, que en últimas era el tema de fondo que había en medio de ese debate. Hasta ahora sobre eso si no ha dicho nada.
La Procuradora General anda en el mismo modo. Como si fuera representante de un partido político de oposición, desde su cargo ha venido cuestionando las propuestas de reformas del Gobierno. Sin mayores muestras de un análisis concienzudo de las reformas, salió a replicar las mismas tesis de la oposición, aseverando supuestas consecuencias negativas si se llegara a aprobar las reformas de la salud y laboral.
Desde luego esa oposición de los altos funcionarios es permanentemente atizada por los medios de comunicación que pertenecen a los poderes económicos que quieren que nada cambie, en una estrategia clara de degradar la imagen presidencial y poner todas las sombras posibles sobre el Presidente y sus reformas. Lamentablemente, esos medios de comunicación transgreden permanentemente el periodismo ético y pasan sin ponderación alguna al plano de asumir posiciones en el debate público para también hacerse parte de la oposición. La veracidad, imparcialidad y objetividad, no es con ellos.
Mientras hablan de democracia y estabilidad de las instituciones, esos altos funcionarios están degradando las entidades que tienen el privilegio de dirigir, al ponerlas al servicio de la política y en este caso de la oposición a una agenda de reformas por la que votó la mayoría de colombianos.
Quien creyera que este Gobierno también encontraría oposición en el Ministerio Público y en un exponente de la Rama Judicial de la talla del Fiscal General.
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