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La violencia está articulada a la historia nacional desde cuando a este territorio entraron los conquistadores españoles con todo su ímpetu de exterminio para vencer a los indígenas que lo habitaban. Ha tenido varias formas de ejecución, casi siempre con énfasis en una barbarie atroz, con menosprecio por la vida, como si se tratara de generar cada vez mayor horror.
La codicia de adueñarse de la propiedad de la tierra llevó a los señores feudales a obrar contra los campesinos en forma atroz para desalojarlos de lo que les correspondía. Después vinieron otras formas de expropiación bajo la férula de los gamonales políticos, los paramilitares, la guerrilla y obsecuentes servidores de empresarios abusivos desde entidades oficiales. La acción criminal se ha cumplido en varias etapas y son muchas las víctimas de esa macabra ofensiva. Así se alimentó el conflicto armado con todas sus formas de aniquilamiento. Son múltiples las muertes acumuladas en el tiempo: corresponden a combatientes de los grupos armados ilegales, miembros de la Fuerza Pública, candidatos presidenciales, defensores de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, protectores del medio ambiente, voceros comunitarios, indígenas, afrocolombianos y en general civiles de todos los sectores.
La inseguridad que ahora se reseña con alarma y se ha incluido como tema prioritario del debate electoral en curso, no es nueva. Se ha crecido, estimulada por el paramilitarismo y otros beligerantes pregoneros de estrategias basadas en acciones surtidas de sangre y fuego, más las políticas desatinadas del anterior gobierno. También le sirve de caldo de cultivo la dogmática oposición de algunos sectores dirigentes a las negociaciones de paz.
Hay que insistir en la necesidad de consolidar un acuerdo de paz generalizado. ¿Por qué si puede Luis Carlos Sarmiento Angulo comprar su absolución en Estados Unidos y aquí es pecado proponer recursos para programas de reconciliación? Allí se hace evidente un problema clasista de negativas repercusiones.
El otro suplicio que atrapa a los colombianos es de la corrupción. Y no es una práctica que le pueda cargar a los de abajo. Está enraizada por lo alto. Es una fuente de enriquecimiento de los más altos heliotropos del poder. Compromete a los miembros de las altas cúpulas. Son los que se apoderan de los recursos públicos sin ninguna contención. Lo hacen convencidos de su derecho a la impunidad.
Los escandalosos episodios de los últimos años ponen en evidencia la postrada moral de gran parte de la dirigencia colombiana. Para ellos los negocios amañados o tramposos es normal. Como también su oposición a los cambios que puedan representar el desmonte de las brechas de desigualdad predominantes.
La corrupción y la violencia siguen siendo devastadores para Colombia y se requiere su erradicación si se piensa en que la democracia debe ser el sello de la llamada institucionalidad. Y así se pueda decir que hay Estado Social de Derecho.
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