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Los recursos públicos que debieran destinarse a la satisfacción efectiva de las necesidades básicas de la comunidad tienen casi siempre una destinación ilícita. Terminan enriqueciendo a quienes se adueñan del poder. Lo cual ha ensanchado la brecha de la desigualdad y agudizado los efectos negativos que genera.
Un alto porcentaje de la comunidad colombiana carece de agua potable, expuesta a los efectos nocivos de un servicio sin garantía de calidad. No es un asunto menor. Es un déficit que produce riesgos de deterioro de la salud. Hace parte de una tradición de abandono, como expresión de la indiferencia oficial.
También faltan alcantarillados, como si no importaran las condiciones que garanticen calidad de vida.
En el inventario de los vacíos pendientes desde hace tiempo se encuentra la salud que debiera tener reconocimiento como derecho social prioritario y no lucrativo negocio, con rentabilidad a la medida de la codicia de sus beneficiarios.
A esa cadena de desatinos se le debe agregar el eslabón de la educación donde también es mayúscula la fractura, lo cual hace pensar que no se toma en cuenta su importancia como motor del desarrollo social o dinámica del conocimiento. No es suficiente la oferta académica y hasta ahora se está impulsando una reforma para superar tantos atrasos, no solamente en la enseñanza superior sino en todos sus grados. Eso ha llevado a una formación deficiente de quienes reciben enseñanza en los establecimientos de educación. Hay mucho por corregir y superar en el interés de que el conocimiento sea un aporte en la construcción de nación.
En el entramado de la devastadora crisis padecida en forma crónica por Colombia la violencia es una pieza predominante. Viene desde la etapa de la llegada de los conquistadores españoles y se ha extendido con diversas dinámicas y aberraciones. La tenencia de la tierra ha sido un caldo de cultivo recurrente. El homicidio, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento, la desaparición forzada, el despojo de predios a sus propietarios legítimos, el reclutamiento de menores, el abuso sexual, la explotación abusiva de la minería, la tala de bosque a sangre y fuego, el sectarismo partidista con fines burocráticos hegemónicos, son prácticas criminales de los actores del conflicto armado y de otras vertientes articuladas a las escaladas de la confrontación entre combatientes de diferentes estructuras.
La violencia, conjuntamente con la corrupción alimentan la perturbación en el país y su erradicación se impone como prioridad. Por eso el proyecto de la paz no es populismo y debe insistirse en su aplicación, adicionado con las reformas que pongan a Colombia en el rumbo correcto.
Todos estos son retos evidentes en 2024, un año que debe aprovecharse al máximo en la construcción del Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991.
Es tiempo de darle a Colombia la dimensión de Estado libre de exclusiones.
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