El viacrucis de su aprobación refleja las divisiones ideológicas y políticas en el país del Norte, los temores por posibles pérdidas de empleo y la solidaridad de las organizaciones sindicales norteamericanas con sus colegas colombianos.

El presidente Obama, finalmente, presentó la semana pasada a consideración del Congreso los tratados con Colombia, Panamá y Corea del Sur. El desempleo en los Estados Unidos llega al 9.1 por ciento, con peligro de que continúe aumentando.

Su tesis, entonces, fue la de que estos acuerdos crearán oportunidades de exportación, producción y empleo para las empresas de su país, en momentos en los que la demanda interna está muy debilitada.

El Congreso aprobó los tratados este miércoles 12 de octubre, con un apoyo casi unánime de la bancada republicana en ambas cámaras.

La prensa ha presentado la aprobación de los tratados como un triunfo del Presidente Obama. El triunfo solo puede considerarse parcial, si se tiene en cuenta que la mayor parte de los congresistas de su propio partido no lo acompañaron con su voto a favor de los tratados con Panamá y Colombia.

Los resultados de la votación para el TLC con nuestro país fueron:

Senado: SI: 44 republicanos, 21 demócratas.  
      NO:  2 republicanos, 30 demócratas.
 
Cámara: SI: 231 republicanos, 31 demócratas.  
      NO:  9 republicanos, 158 demócratas
 

Peor aún, los líderes de su partido, tanto en la Cámara como el Senado, votaron negativamente el acuerdo con Colombia. En otras palabras, le dieron mayor prioridad a sus relaciones con los sindicatos que al apoyo a su Presidente.

La alianza entre el partido demócrata y los sindicatos es de larga data y continúa. Comparten el temor de que el libre comercio traiga mayores pérdidas de empleos nacionales, como resultado de las facilidades para mover capitales, mercancías y servicios hacia países con legislaciones laborales y ambientales menos estrictas.

No es de extrañar, entonces, que los sindicatos colombianos que se oponían al TLC encontraran buenos aliados entre las principales organizaciones obreras de Estados Unidos.

Dichas organizaciones montaron su campaña de oposición al TLC con Colombia con la siguiente tesis: no se puede premiar a un país que no ofrece garantías a los sindicatos, persigue sus líderes, los asesina y tiene una alta tasa de impunidad.

A pesar de los avances en la protección de sindicalistas y la aplicación de la justicia, y de los compromisos asumidos formalmente por el gobierno colombiano, esta tesis fue recogida por varios congresistas demócratas que votaron negativamente.

Los orígenes del Tratado de Comercio entre Colombia y Estados Unidos se remontan a 1990, cuando el Presidente George Bush (padre) lanzó la iniciativa de promover la creación de una gran zona de libre comercio en las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia.

En el caso de los países andinos productores de drogas, se decidió ofrecerles un sistema de preferencias unilateral para algunos sectores (ATPA).

El objetivo era el de generar alternativas de producción y creación de empleo que compensaran la eliminación de cultivos ilícitos con los programa de lucha anti-drogas. Las preferencias del ATPA, sin embargo, no eran generales ni estables. Debían ser aprobadas regularmente por el Congreso.

El paso siguiente para Perú y Colombia, durante el gobierno de Bush hijo, fue el de proceder con la negociación de tratados de libre comercio. Con este último, el proceso de negociación resultó bastante más complicado y demorado, por las presiones de sectores económicos que podrían verse afectados por la disminución de los aranceles.     

Terminada la negociación entre los dos gobiernos, la aprobación en el Congreso norteamericano no fue posible, dada la mayoría demócrata en la Cámara y el Senado.

Las consecuencias de la aplicación del tratado dependerán de los avances en la ejecución de lo que, en el 2005, el gobierno colombiano llamó Agenda Interna para la Competitividad y la Productividad. Desconcierta saber que, en palabras del Ministro de Agricultura actual, el agro no está listo para el TLC. Y que las inversiones en infraestructura no han avanzado al ritmo que se requiere.

Le toca, entonces, al Gobierno del presidente Santos poner inmediatamente manos a la obra.