Decía, en traducción libre, algo más o menos como “Aquellos dispuestos a sacrificar un poco de su libertad para conseguir algo de seguridad, no merecen ni libertad ni seguridad.”

La sentencia estaba escrita en forma anónima.

Me dejó intrigado, no solo por lo tajante de la aseveración, sino por que de hecho me identificaba con su sentido.

Al investigar un poco sobre el origen de este pensamiento, descubrí que era una variación de uno original de Benjamín Franklin, el regordete bonachón miembro del grupo de los Padres Fundadores de la nación estadounidense, pero quizás, y ante todo, uno de los más sabios.
Sus pensamientos compiten en sabiduría con los de Jefferson y los de Adams, El Viejo, sus contemporáneos.

Regresando al sentido del pensamiento cabe aplicarlo a dos situaciones allegadas.
Una, fue la aprobación en EEUU, por pupitrazo, de la llamada Ley Patriótica el 26 de octubre de 2001, la cual fue sancionada sin siquiera ser leída y menos debatida por los congresistas, en los apuros guerreristas creados por el cowboy Bush y sus esbirros.

En ella se laceran algunos de los derechos civiles obtenidos a través de más de doscientos años de existencia de la nación norteamericana, y, aunque no soy un experto en leyes, específicamente los derechos otorgados por la constitución a través de los llamados “Bill of Rights” y también la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y otra serie de actos legislativos y jurídicos a través de su historia.

Muchos ciudadanos “pragmatistas” verían estos eventos como justificables a la luz de la necesidad de dar al estado “herramientas” para combatir el terrorismo después de los eventos del 11 de septiembre de 2001. Yo veo esta situación como un serio revés social que se tardará años en reparar.
Otra, es el caso colombiano, donde un gobierno como el anterior, donde el Sr. Uribe se consideraba un líder mesiánico, se sintió con la libertad de vulnerar lo más sagrado del estado a través de la intercepción de comunicaciones de miembros del poder judicial.

Es que aparentemente en Colombia no damos el mismo peso al Poder Judicial frente a los otros poderes. Desde los tiempos clásicos hasta la formalización de este concepto por parte del Barón de La Brède et de Montesquieu, se ha reconocido en las sociedades más avanzadas la necesidad de otorgar el mismo peso a los tres poderes del Estado.

Pero este no es el caso en Colombia. Y esto, quizás, haya contribuido a los casos de venalidad de que se acusa en ocasiones al poder judicial.

Otros aspectos a los que se puede aplicar este concepto fue el de ejecuciones por parte de miembros del aparato gubernamental como algunos asesinatos selectivos y otros colectivos como el de los falsos positivos.

No debemos permitir que en la euforia guerrerista y revanchista, nos olvidemos de lo más básico, que es el derecho a la vida y a buscar la felicidad.