Luego de tres años de trabajo en el país, termina su misión Christian Salazar, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien asumió su cargo en 2008, luego de una difícil etapa de transición ocasionada por las fricciones de esa oficina con el gobierno de Colombia.
    En este tiempo, Salazar supo ganarse el respeto y la confianza, no sólo de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, sino también de autoridades civiles y militares, que aprecian su independencia y objetividad y, sobre todo, su integridad. Siempre, en cada uno de sus pronunciamientos sobre los delicados temas de su resorte, Salazar hizo una exhibición de conocimiento y equilibrio, que daban entera solidez a sus declaraciones y que corroboraban la seriedad de su trabajo.
    Al despedirse oficialmente del país, Salazar hizo una serie de observaciones que vale la pena tener en cuenta, sobre la misión que le encomendaron y sobre lo que vio directamente en sus juiciosas labores de campo adelantadas en Colombia.
    En primer lugar, advierte que con el gobierno de Juan Manuel Santos se ha producido una evolución muy favorable en el manejo de los asuntos de Derechos Humanos, luego de las complicadas circunstancias vividas en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuando incluso se llegó a contemplar el cierre de actividades de esa representación en Colombia.
    En tal sentido, Salazar valora la importancia de la Ley de Víctimas, que, aunque está lejos de ser perfecta, es una herramienta muy valiosa en el proceso de resarcir a quienes han sufrido toda clase de vejámenes y despojos a manos de grupos armados. Simultáneamente, alerta sobre los peligros que acechan a dicha ley y nos pide a todos estar muy vigilantes, para evitar que se salgan con la suya los enemigos de que su implementación se lleve a cabo.
    Por otra parte, Salazar se muestra conmocionado por la eventual reforma del fuero militar, que permitiría que los delitos relacionados con la violación de Derechos Humanos cometidos por la Fuerza Pública pasen a ser competencia de la justicia penal militar, ya que dicha reforma no sólo sería un retroceso histórico, sino que conllevaría un alto riesgo de impunidad en la sanción de tales conductas.
    Estas observaciones no son de poca monta, si se tiene en cuenta que provienen de alguien que conoce a fondo la delicada situación humanitaria que se vive en Colombia y que, conocedor de la trascendencia de sus conceptos, mide cada palabra que dice.
    Es de esperar que el Gobierno, que se ha mostrado tan abierto en estos asuntos, no eche en saco roto las observaciones de alguien como Christian Salazar que, sin duda alguna, sabe de lo que habla y que adelantó su trabajo con mucha firmeza, pero también con toda discreción.