Dentro de las reformas destacadas se encuentra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en aplicación de la cual el Gobierno espera devolver unos 3.5 millones de hectáreas, que fueron expoliadas a los campesinos por grupos al margen de la ley, entre guerrillas, narcotraficantes y delincuentes comunes.

La Unión Europea reconoce las dificultades técnicas, de reglamentación y de financiación de la ley, pero reafirma su apoyo al proceso para brindar la asistencia requerida.

Esta declaración, que surge con ocasión de la VI Reunión Ordinaria del Mecanismo de Diálogo en Derechos Humanos, destaca también, que Colombia muestra una disposición abierta y constructiva para mejorar en materia de protección de los derechos humanos.

Así mismo, ese Organismo destaca su preocupación por la participación de las mujeres y los menores en el conflicto armado, la impunidad que todavía se presenta, las amenazas y muertes de líderes sindicales y, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas.

Estos temas que son de preocupación común entre ese organismo y el Gobierno Colombiano, son los retos que enfrenta el país y de cuyo resultado depende el comienzo de una nueva era de reconciliación y de reparación a las víctimas del conflicto, pues los avances en esta materia son importantes tanto para el desarrollo del país, así como para consolidar una nueva imagen de Colombia ante la comunidad internacional.