Sinsalud eps

Sin necesidad de llegar hasta lo más profundo del territorio en donde se presentan las más graves afectaciones, quedándonos solamente con las cifras visibles, se sabe que en los últimos cuatro años la Superintendencia de Salud ha atendido más de 7 millones de trámites por peticiones, quejas, reclamos y denuncias que, comparado con el cuatrienio anterior refleja un incremento superior al 100 %, pero se dice que vamos mejorando y que el sistema está depurado y fortalecido. 

En la realidad de papel, los usuarios obviamente han pasado de manera forzosa a otras EPS que seguirán funcionando o, lo que es lo mismo, sus cédulas figuran en bases de datos y tienen salud, pero en la realidad del territorio, están afiliados en muchos casos a aseguradoras que no tienen ni una oficina en la región o que prestan sus servicios desde las grandes ciudades de los departamentos y por lo mismo y otras razones, tienen interrumpidos, suspendidos o aplazados sus tratamientos.  

Así las cosas, la reforma al sistema de salud, preferiblemente con la supervivencia del sector privado, hay que priorizarla, respaldarla y sacarla adelante, no por la eventual experiencia favorable, íntima y personal, pero sí por los más de 20 millones de colombianos que habitan en territorios rurales sin el derecho a la salud y por los usuarios que padecen enfermedades graves y crónicas para las que la continuidad en el tratamiento es la fórmula de vida o, por lo menos, por aquellos a los que, por la falta de oportunidad, la desatención, la falta de diagnóstico y la interrupción de tratamientos (que siguen siendo violaciones sistemáticas actuales), perdieron una oportunidad de vida o les anticiparon su muerte.