PUBLICIDAD
El acuerdo busca facilitar la adquisición de tres millones de hectáreas de suelo rural productivo que integrarán el Fondo Nacional de Tierras de distribución gratuita. Pero no hay que llamarse a engaños: el Gobierno cuenta, siempre lo ha hecho, con las herramientas jurídicas que le permiten alcanzar ese objetivo por varias vías, dentro de las que se encuentra la enajenación voluntaria. El propio Acuerdo Final, la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017 expedido, precisamente, para adoptar las medidas que faciliten la implementación de la Reforma Rural Integrada contemplada en el Acuerdo Final en materia de acceso y formalización de tierras, así lo indican. En eso el acuerdo recién firmado no es novedoso.
Lo que sí refleja ese acuerdo es el compromiso de avanzar en la construcción de la paz territorial; y más que definir los mecanismos para acceder a tierras productivas, que, insistimos, ya estaban regulados en la ley, lo que hace es transmitir un mensaje de tranquilidad, por demás necesario y oportuno, a un sector que vio seriamente amenazado sus intereses, con o sin razón, primero, por algunas declaraciones del gobierno y sus voceros y, luego, por la conducta de quienes aprovecharon la coyuntura para propiciar la invasión de tierras.
Pero el problema no se soluciona solo repartiendo tierras a quien no la tiene o a quien la necesita. Hay que ir más allá y en eso el acuerdo es claro. Los predios que se adquieran deben facilitar la ejecución de proyectos productivos a escalas rentables y se debe adelantar la construcción y mantenimiento de vías terciarias para facilitar la comercialización de productos en condiciones de competitividad. A eso y mucho más se comprometieron el Gobierno Nacional y los ganaderos. La apuesta es alta y las expectativas todas.
La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Sigmund Freud.
Comentarios