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El sistema de protección colombiano necesita un revolcón de inmediato y esto solo se logra con voluntad política.
Y es el Presidente de la República el llamado a liderar estas reformas. La pregunta que muchos nos hacemos es si el presidente Petro lo va a hacer. Hasta el momento ha demostrado que los niños están lejos de ser un pilar de su gobierno. Esta semana, el secretario general, anunció la supresión de la Consejería de la niñez de la presidencia, lo cual no sorprende puesto que Mauricio Lizcano siempre ha sido un enemigo de los niños; pero extraña que un gobierno que grita a los cuatro vientos que quiere la paz total, lo haga.
Le recuerdo al equipo de presidencia que una de las razones del éxito de la construcción de la política de primera infancia de cero a siempre, fue que haya sido liderada por la comisión intersectorial cuya torre de control estaba en la presidencia. La paz no se logra siendo condescendiente con los criminales. Se requiere que protejamos a nuestros niños para que no sean reclutados, violados, maltratados y crezcan en entornos protectores y con oportunidades; lo demás es carreta.
Es mandatorio desarrollar una política de prevención que tenga como finalidad principal que todos los niños sean deseados, que los papás tengan acceso a la escuela de padres y que en los colegios exista un equipo psicosocial que detecte a tiempo los riesgos en que se encuentran los niños, y a su vez, ayudarlos a sobrellevar los problemas. La salud mental no está siendo tratada. Los expertos alertan sobre el aumento del suicidio infantil, siendo los problemas familiares, el maltrato físico, psicológico, sexual y los conflictos en el entorno escolar las principales causas de este flagelo.
Pasando al plano de los operadores judiciales: defensores de familia, comisarios, jueces y magistrados, cuya función es la defensa de los niños, así como hay unos maravillosos que dedican su vida a ellos, también existen unos verdaderos criminales.
Son centenares de historias las que uno podría contar, de cómo muchos operadores judiciales del sistema de protección han sido los principales victimarios de los niños.
En el caso de Gabriel, son varias las evidencias que demuestran que los operadores judiciales no actuaron con diligencia; y que, pese a las denuncias de los vecinos y otras pruebas como el informe de la trabajadora social, de la defensoría de familia, donde argumentaba que el padre del niño estaba acosando y hostigando a la mamá y que podría estar en alto riesgo, nadie hizo nada. Una vez más los funcionarios hacen primar los derechos de los mayores frente a los niños, incumpliendo sistemáticamente nuestra constitución, que desafortunadamente no es más que letra muerta cuando se trata de los derechos de la infancia del país.
Los niños están totalmente desprotegidos y esto solo cambiará en el momento que logremos construir una política de estado, que realmente los proteja para que historias como la de Gabriel no se presenten todos los días.
¿Cuántos Gabrieles más necesitamos que mueran para que reaccionemos?
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