La vida sí vale mucho

Durante un poco más de 80 días en el cargo, he tenido oportunidad de conocer y analizar numerosos casos y situaciones que involucran recursos públicos de departamentos y municipios del país, que, en muchos casos, se han evaporado sin cumplir el cometido para el cual fueron destinados.

Cada año las noticias sobre los desastres causados por el invierno ocupan las primeras páginas de los medios de comunicación, las imágenes que en ellos vemos son dantescas y las historias de los colombianos que lo pierden todo son más frecuente, y esto es más sensible cuando uno sale a las regiones y conoce de primera mano los dramas que viven tantos compatriotas.

Justamente, tuve la oportunidad de visitar recientemente el Departamento del Atlántico, con el fin, entre otros objetivos, de tener información de primera mano sobre varios casos que comprometen inversión de recursos públicos y de conocer más sobre lo que está pasando en esa zona con las lluvias e inundaciones que ya dejan en el país un número significativo de municipios con declaratoria de calamidad pública, población afectada y miles de damnificados.

Caminé con los habitantes del municipio de Piojó, donde un movimiento de tierra hizo colapsar un centenar de viviendas, afectando a sus pobladores; compartí con varios de los damnificados, escuché sus inquietudes, sus necesidades y en razón de mi oficio, sus denuncias. Es indignante escuchar que los piojoneros consideran que adicional al embate del invierno, la corrupción, la minería ilegal y la mala construcción de un escenario deportivo pudieron haber propiciado el desastre. Como colombiano, escuchar cómo han convivido y sobrevivido en los últimos días en medio de condiciones tan difíciles como haber perdido sus casas, elementos de trabajo, negocios y hasta las tumbas de sus seres queridos por la magnitud del desastre, es doloroso y produce escozor. No quieren y no tienen por qué dejar su tierra, no quieren despedirse de lo suyo, tampoco que trasladen a sus seres queridos y conocidos a cementerios de municipios vecinos y enfrentan una gran desesperanza.

Por tal razón, en el más reciente comité directivo de la entidad, impartí instrucciones a todos los Contralores Delegados para que investiguen con premura las causas de esta tragedia y den pronto trámite a las denuncias que recibimos, con el llamado de dar una respuesta de fondo, pronta y contundente.

A la gente hay que devolverle la dignidad y el respeto. Para mí, ir a las regiones es estar en contacto con los pobladores y sus problemas, ayudar a solucionar sus necesidades, e identificar a los responsables de la mala gestión o pérdida de los recursos de esas comunidades. No se trata de salir de la capital para que me tomen fotos, ofrecer vanas esperanzas o sólo palabras de aliento. Aspiro a que mi gestión esté marcada por todo lo que engloba la palabra “Sentido”: ver, escuchar, hablar, sentir.

La Contraloria General pondrá en marcha una prueba piloto en Piojó. Será modelo de intervención integral y acompañamiento para hacer seguimiento a las inversiones que se realicen hasta la conclusión de las obras en ejecución, de tal forma que se garantice que se satisfagan las necesidades de sus habitantes e investigaremos en el territorio las denuncias recibidas y las que recibamos.

El ente de control, citará una mesa de trabajo con todas las entidades que tienen obras en ejecución en este municipio, para verificar el estado en que se encuentran y las razones por las cuales algunas de ellas se paralizaron.

Estoy convencido, de que un buen control del uso del dinero de todos los colombianos se hace mejor dejando el escritorio en Bogotá y saliendo a las regiones.

La Contraloría a mi cargo, ya está vigilando cómo se invierten 2 billones de pesos para mitigar y reparar los daños de este invierno. El seguimiento se hace con lupa, de tal forma que quincenalmente la Contraloría dará a conocer la situación actualizada del desastre y la cuantía de los recursos dispuestos en cada caso. Como dicen y no hay mejor espacio de aplicación “es mejor prevenir que lamentar”.

Esperamos dar pronto noticias contundentes en el caso de La Mojana, región que involucra once municipios de Sucre, Córdoba, Antioquia y Bolivar, cuyo presupuesto de inversión es superior al de varios departamentos del país. Es cuento viejo y no permitiré que se convierta en paisaje la situación que cada año sufren por las inundaciones de buena parte de sus 450 mil hectáreas, pese a alertas como la que hemos elevado, en el sentido de que en los últimos cuatro años se han firmado contratos por $3.3 billones, con objetivos y tiempos similares, con los mismos contratistas y algunos directamente, sin que se vean resultados, por eso lo he denominado un “agujero negro” y está en la mira de nuestra DIARI, que cuenta con los recursos tecnológicos e investigativos para aportar pronto la información que necesitamos para frenar este desangre de recursos públicos.

Desde los municipios y capitales estaré realizando el control del buen uso de los recursos de todos, porque es mi tarea y en ella tengo puestos todos los sentidos.

Será modelo de intervención integral y acompañamiento para hacer seguimiento a las inversiones que se realicen y a la conclusión de las obras en ejecución, de tal forma que se pueda manejar el concepto de restitución y protección de los derechos de sus habitantes.