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El presidente anunció lo que había prometido desde su campaña y dicho entre dientes el día de su posesión, el pasado 7 de agosto. Para el jefe de Estado estos jóvenes, que según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pueden ser aproximadamente 250, recobrarían su libertad antes de la noche de Navidad, amparados bajo la figura de ‘gestores de paz’, incluida en la nueva ley de orden público (Ley 418) la cual allanó el camino a su propuesta de ‘paz total’.
De hecho, existe un precedente con la reciente liberación de alias Violeta, capturada por su presunta participación en el atentado al Centro Comercial Andino, en Bogotá, para hacer parte de la mesa de diálogo instalada hace un par de semanas entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su momento el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia calificó como una burla para las víctimas de ese atentado su salida de la cárcel pues, a la fecha, no han recibido verdad, justicia ni reparación.
La nueva ley establece que la figura de gestores de paz se circunscribe a miembros de grupos al margen de la ley, como alias Violeta, vinculada al ELN, sin embargo, el anuncio del presidente arroja más dudas que certezas sobre el tamiz que se está utilizando para liberar a los integrantes de la Primera Línea, más allá de su cercanía ideológica.
¿Qué va a pasar con los derechos de las víctimas? ¿Cómo se va a garantizar su comparecencia ante la justicia? Está claro que quienes fueron capturados han sido imputados por delitos como tortura, desaparición forzada, daños en bienes públicos y privados, lo que no puede servir como una manera de evadir la justicia. Abrir esa puerta, además de audaz, puede resultar peligrosa.
"No podemos juzgar la vida de otros, ya que cada persona conoce su propio dolor y sus propias renuncias. Una cosa es sentir que estás en el camino correcto, pero otra es pensar que el tuyo es el único camino", Paulo Coelho
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