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Siendo asesor de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (2003-2004), elaboré varios documentos técnicos para modificar algunos criterios que facilitaran a los productores del campo el acceso al crédito agropecuario, al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), al Sistema de Seguros Agrarios y a las coberturas de precio, para mejorar su productividad y garantizarles sus rentas. La coyuntura política del momento y mis diferencias profesionales con el ministro de Agricultura de turno, frustraron esas iniciativas. Han pasado 30 años, desde la creación del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (Ley 16/90), y nadie ha querido modificarlo ni adecuarlo a las necesidades actuales de los productores del campo para irrigar más créditos al sector productivo y así fomentar más inversión, empleo, productividad y crecimiento de los sectores agrícolas, pecuario y forestal del país. Para ponerlos en contexto, el crédito de fomento al sector agropecuario, es (en el papel o circulares de Finagro), el más barato en tasa de interés en el país, pero el más caro y complicado de acceder en la realidad del campo. Las cifras no mienten. De los $19.2 billones desembolsado al sector agroindustrial en el 2019, el 71% correspondió a la industria y a las grandes superficies, mientras que el 16% fue para Pymes y el 13% para los que producen los alimentos en el campo. Lo grave del asunto, es que mientras la tasa de interés de los primeros fue en promedio del 7% anual, a los segundos les aplicaron el 11%. El microcrédito rural, aplicó un 36% de interés anual.
Lo mismo sucede con los instrumentos de subsidios, incentivos y ayudas al sector agropecuario. Los miles de millones de recursos públicos que se entregan al sector agropecuario, a través de incentivos y subsidios a la tasa de interés, seguro agrario, cobertura de precio, almacenamiento e ICR, se hace de forma arbitraria e injusta. No tiene en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos frente a la mala gestión de los otros; iguala a todos por abajo. Da lo mismo entregarle $100 millones en subsidios al productor de arroz que cosecha 4.8 toneladas por hectárea, al que recoge 8 toneladas.
El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), es otro instrumento que necesita una cirugía urgente. No es posible que este Fondo siga respaldando créditos mal calificados por los intermediarios financieros. El año pasado, Finagro le pagó al Banco Agrario más de $210.000 millones, por créditos siniestrados. Esta es una práctica perversa que debe corregirse pronto. Es hora que la Contraloría General de la República evalúe el impacto de estos instrumentos en el sector agropecuario.
La incapacidad de la mayoría de los agricultores de acceder a financiamiento a tiempo, limita sus posibilidades de diversificar, expandir y modernizarse. Así es muy difícil, reducir la pobreza, generar empleo y crecimiento en el campo. ¿Y de quién es la culpa? Pues del actual Sistema de Crédito Agropecuario.
La frustración es grande.
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