Cuando se mide la gestión de un gobierno, uno de los indicadores más utilizado es el Producto Interno Bruto (PIB), una medida estándar del valor agregado, creado mediante la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado.
Cuando se suscribió el Acuerdo de Paz en la Habana, en el punto número Uno se estableció el compromiso del Estado, de ejecutar un plan de inversiones para acabar con la pobreza en el campo, dignificar el trabajo de los campesinos y lograr una mejor calidad de vida en las zonas rurales.
Al momento de escribir esta columna, me entero que las comisiones económicas del Congreso confirman un presupuesto de $4.088 billones al ministerio de Agricultura, para el año 2023, con los cuales debe comenzar a saldar las deudas que tiene el Estado con los productores del campo.
El pasado martes 13 de septiembre, la ministra de agricultura, Cecilia López, anunció al país una adición al presupuesto del sector para el año 2023. De 1.3 billones de pesos que había dejado presupuestado el gobierno de Duque, el de Petro, lo subió a $4.2 billones.
Comenzaron los debates y discusiones en las comisiones económicas del Congreso sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2023 y veo nuevamente rezagado en los últimos lugares al sector agropecuario.
Ser empresario del campo en Colombia, se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo. Un día amaneces con la finca invadida. El otro, sin poder sacar los productos o cosechas por el mal estado de las vías rurales, y en los demás días, toca enfrentar los riesgos de la volatilidad de los precios del mercado y del dólar, los altos costos de insumos, largas e intensas temporadas de lluvias o sequía, plagas y enfermedades, robos, exceso de tramitología en entidades públicas y el más peligroso de todos, el riesgo político, para el cual no existe una póliza de seguro.
El pasado 29 de julio, el gobierno saliente dejó radicado ante el Congreso de la República, el Presupuesto General de la Nación (PGN), que deberá ejecutar el gobierno entrante para la vigencia fiscal de 2023.
En el año 2014, el Gobierno le encomendó al Dane realizar un Censo Nacional Agropecuario, para saber el estado de salud del campo colombiano. Un año después, los resultados determinaron que el sector agropecuario estaba en sala de urgencias.
Les contaba en la anterior columna, la necesidad de hacer varios cambios al actual sistema de crédito agropecuario, para lograr una mayor cobertura y mejor equilibrio en el financiamiento agrícola y rural del país. Reformas, que fueron planteadas hace 8 años por la “Misión para la Transformación del Campo”, liderada por el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Las vueltas que da la vida.
