La movilidad urbana, el mejoramiento de los tiempos y flujos en el transporte desde la residencia al trabajo o estudio y la intermodalidad, son temas que hoy están en las agendas de los gobiernos nacionales y de organismos internacionales como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat.
Colombia no podía ser la excepción, de ahí que las administraciones municipales tengan hoy no sólo el deber, sino la obligación de reconocer y afrontar los efectos que la movilidad urbana tiene en el sistema económico y productivo de las ciudades y en la calidad de vida de sus habitantes.
En Ibagué la discusión sobre este tipo de temas ha sido estéril, por no decir nula, hasta el punto que hace algunas semanas la frustración hizo nuevamente parte de nuestros sentimientos, cuando veíamos como el Proyecto de Acuerdo que presentamos ante el Concejo de Ibagué, por medio del cual se buscaba establecer incentivos para promover el uso de la bicicleta como estrategia de movilidad urbana sostenible en nuestro Municipio se hundía lentamente, sin que desde la administración municipal se mostrara mayor interés para impedirlo.
Este proyecto estaba dirigido principalmente a las empresas de transporte público; personas naturales y/o jurídicas promotoras de movilidad urbana sostenible y funcionarios públicos del orden municipal, y tenía como principales objetivos promover la actividad física, preservar el medio ambiente y disminuir los flujos de movilidad urbana del vehículo automotor, entre otros.
Sin embargo, la esperanza resurge con el Proyecto de Ley presentado recientemente por la Senadora Claudia López y la Representante a la Cámara Angélica Lozano, por medio del cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito, el cual tiene como objetivos incrementar el número de viajes en bicicletas en el territorio nacional, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y por supuesto incentivar el uso de la bicicleta como una opción de movilidad democrática, equitativa, ecológica y saludable.
Dentro de los incentivos planteados por esta interesante iniciativa legislativa están: beneficios para los usuarios de Sistemas Integrados de Transporte Público (Sitp) y Sistemas Estratégicos de Transporte Público (Setp) que hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema; descanso remunerado para funcionarios públicos que vayan a trabajar en bicicleta y parqueaderos para bicicletas en los edificios de entidades públicas, entre otros.
Aunque el camino que este proyecto de ley debe recorrer ante la Cámara y el Senado de la República apenas comienza, su discusión marca un hito para nuestro país que empieza a entender la trascendencia e importancia que para el mundo de hoy representa la promoción de alternativas de movilidad que contribuyan al mejoramiento del ambiente, disminuyan los índices de producción de gases causantes del efecto invernadero y combatan el sedentarismo que está enfermando a nuestra sociedad.
Como bien lo señalara la senadora Claudia López: “los ciclistas son héroes y heroínas porque nos ayudan a descongestionar la ciudad, reducir la contaminación y mejorar la salud pública, por eso necesitamos ofrecerles estímulos concretos para que cada día sean más los colombianos que prefieran movilizarse en bicicleta a su trabajo o estudio”.
En esta época que abundan los discursos políticos, algunos oportunistas, resaltando la importancia de la bicicleta para la movilidad de nuestra ciudad, solo queda esperar que el nuevo gobierno que llegue asuma este tema con verdadero compromiso y mayor responsabilidad.
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