Hay un adagio popular el cual dice que cuando el río suena, piedras lleva. Esto teniendo en cuenta los aparentes “rumores” que hablan de una eventual privatización de la única empresa de servicios públicos domiciliarios que le queda al Municipio de Ibagué: el Ibal S.A. E.S.P., la cual fue constituida el 31 de agosto de 1998, siendo sus socios Infibagué, con el 99.82% de participación (11’978.476 acciones), el Hospital San Francisco con 0,00001% (una acción) y la Unidad de Salud de Ibagué, también con un 0,00001% (una acción).
Esta particular conformación podría variar en los próximos días teniendo en cuenta la decisión tomada en reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas el pasado 26 de marzo de 2015, mediante la cual se aprobó la modificación de los Estatutos de la empresa para transformarla de ser una sociedad anónima de naturaleza comercial de carácter oficial a una sociedad por acciones, decisión que, según la Asamblea, permitiría “expandir sus oportunidades comerciales”, teniendo la posibilidad de hacer parte de una nueva sociedad por acciones, que le permita una “mayor participación en el mercado”, a través de un “bondadoso modelo societario” de las sociedades por acciones simplificadas.
Bajo tales argumentos se fundamentó la “imperiosa necesidad de llevar a cabo una reforma estatutaria” que terminó siendo aprobada por unanimidad, autorizando al Gerente, quien a propósito ha guardado un silencio sepulcral con respecto a este tema, para que proceda a ejecutar la respectiva protocolización de la reforma.
Lo particular de esta decisión no es sólo que se logró saber de ella seis meses después de cumplida la Asamblea General de Accionistas, tampoco que a la fecha el Gerente no ha hecho la protocolización mediante escritura pública como lo autorizó la Asamblea, ni los débiles argumentos esgrimidos por directivos del Ibal S.A. E.S.P. Lo que llama poderosamente la atención y que amerita una explicación mucho más seria y profunda es lo que sucedió el 24 marzo de 2015, dos días antes de la mencionada reunión ordinaria de Asamblea, durante la reunión de Junta Directiva Ordinaria de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, donde en el orden del día estaba incluida la exposición de la posible modificación de estatutos de la empresa, y se consideró que se debían modificar en cuanto a la composición accionaria, autorizándose al Gerente presentar la reforma de estatutos ante la Asamblea, “previa presentación a la Junta Directiva informando los avances y modificaciones a realizar” (reza textualmente el acta). Adicionalmente se aprobó por unanimidad la creación de una “Comisión Técnica - Jurídica” liderada por el Secretario General, abogados externos, revisor fiscal y todos aquellos funcionarios que deban intervenir en la discusión de las reformas que se presentarían ante la Asamblea General.
Por supuesto, resulta imposible, o al menos no existe registro alguno, que en dos días se hubiese creado la supuesta “Comisión Técnica - Jurídica”, mucho menos que se hayan reunido, discutido y conceptuado sobre la citada reforma y por supuesto, que se presentará previamente a la junta directiva los “avances y modificaciones” a surtirse. Sin embargo aquí no para lo irregular de esta inusual reforma estatutaria que fue mantenida en secreto durante seis largos meses. (Continúa…)
Docente Universitario - Concejal de Ibagué
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